La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) solicitó de urgencia al Congreso Nacional a que convierta ley, antes del 5 de noviembre, el proyecto que extiende por dos años la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal.
En respaldo a la posición fijada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otros sectores productivos, el mayor general retirado Freddy González Estrada, presidente de Adesinc, destacó que el sector productivo nacional, incluyendo a las empresas de seguridad privada y a las mipymes, respalda plenamente la modernización del sistema de justicia y la implementación de una cultura de cumplimiento normativo, pero enfatizó que aplicar este complejo régimen corporativo de manera abrupta vulneraría la seguridad jurídica nacional.
Según una nota informativa de Adesinc, el pronunciamiento de González Estrada se produce en un momento crítico, donde la Cámara de Diputados se encuentra ante el desafío de agotar los trámites legislativos definitivos antes de la fecha límite fijada inicialmente para este 5 de noviembre de 2026, período en la que entrarían en vigor los artículos del nuevo Código Penal que comprometen la responsabilidad directa de las personas jurídicas.
“El empresariado dominicano no rechaza la supervisión ni busca evadir la legalidad; por el contrario, lo que exigimos es un plazo razonable de veinticuatro meses que permita estructurar adecuadamente los programas de cumplimiento (compliance), capacitar al personal y alinear los protocolos de dirección y supervisión corporativa”, expresó González Estrada.
El vocero de Adesinc advirtió que la industria de la seguridad privada maneja operaciones de alta sensibilidad que involucran la gestión de riesgos físicos, el uso regulado de equipamientos y la coordinación permanente con normativas sectoriales de estricto cumplimiento.
Cuestiona que someter a estas empresas a sanciones severas, que van desde cuantiosas multas y la inhabilitación comercial hasta el cierre de establecimientos o la disolución corporativa, sin haber consolidado un período prudente de transición formativa y de adecuación corporativa, pondría en riesgo la estabilidad de miles de empleos formales.
González Estrada respaldó la visión del Conep en el sentido de que la prórroga legislativa propuesta no constituye una renuncia al rigor de la ley, sino un mecanismo indispensable para dotar tanto a las empresas como al sistema judicial de pautas claras, guías homologadas y herramientas de supervisión proporcionales al tamaño y la capacidad económica de cada organización.
“Confiamos en que la sensibilidad y el sentido de responsabilidad de nuestros congresistas primarán en las sesiones de esta semana, garantizando que la normativa penal se aplique sobre bases firmes, ordenadas y respetuosas del debido proceso”, concluyó el presidente de Adesinc.
Por último, reconoció la postura responsable del senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, al someter esta iniciativa legislativa indispensable para la certidumbre jurídica, al tiempo que valoró la alta actitud institucional y el compromiso demostrado por el pleno del Senado de la República al declarar y aprobar de urgencia dicho proyecto en dos lecturas consecutivas.
