Con el Código Penal Dominicano anterior, las empresas solo podían tener responsabilidad administrativa o civil en caso de que un empleado incurriera en un delito, pero ahora, con la nueva normativa, que entra en vigor en 2026, se incluye la responsabilidad penal.
Esta explicación corresponde a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien añadió que hay dos tipos de responsabilidad, una que puede ser directa de la empresa o que, por el contrario, la empresa haya sido utilizada como un instrumento.
Fue durante la conferencia “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante el nuevo Código Penal”, celebrada en el hotel El Embajador, en Santo Domingo, donde subrayó la necesidad de un “compliance” ambiental, debido a que fomenta la innovación y los proyectos sostenibles, promueve relaciones responsables con proveedores y comunidades, al tiempo que refuerza la confianza pública de las entidades.
Protección
Consideró que el cumplimiento medioambiental ayuda a combatir la corrupción en el ámbito del medioambiente, la tala ilegal y otras prácticas que destruyen los ecosistemas. Enfatizó, también, la relevancia de que las compañías “tomen acciones correctas”, no miedo, sino por “por el desarrollo sostenible de sus organizaciones y por el buen nombre reputacional”.
Ramos indicó que la Constitución dominicana es el primer documento legal que protege el medioambiente. Además, el país cuenta con la Ley 64-00, la cual regula la gestión, conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales en República Dominicana.
Explicó que, aunque el nuevo Código Penal no aborda los delitos ambientales de manera directa, se erige como un complemento de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
Oficial de cumplimiento
Durante su discurso, ella destacó la importancia de que las organizaciones cuenten con un oficial de cumplimiento, quienes se encargan de garantizar que la empresa respete la normativa ambiental, pero, además, supervise riesgos y mantenga una cultura de transparencia. De hecho, resaltó que su rol es crucial para diseñar políticas de cumplimiento, monitorear impactos ambientales y promover la ética y la sostenibilidad en una organización.
Aclaró, asimismo, que la ley permite que las pequeñas empresas no tengan que contratar oficiales de cumplimiento, sino que los directivos tendrán esa función a su cargo. Esto así, porque, de contratar un oficial, se podría comprometer la sostenibilidad del negocio, sin embargo, quien esté en la posición de oficial deberá capacitarse para cumplir con las responsabilidades del puesto.
