Tras 140 años, República Dominicana cuenta con un nuevo Código Penal, el cual entra en vigor en enero de 2026, introduciendo el “compliance” o cumplimiento regulatorio (conjunto de procedimientos que una organización implementa para asegurarse de que cumple con las leyes, regulaciones, normativas internas) como atenuante o exonerante de la responsabilidad penal empresarial.
Durante la conferencia “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante el nuevo Código Penal”, celebrada en el hotel El Embajador, en Santo Domingo, el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, consideró que es crucial que el sector que representa asuma un rol proactivo para adaptarse y profundizar en las disposiciones del nuevo Código Penal en materia de delitos ambientales.
“Creo es una tarea para el empresariado dominicano con el objetivo de que podamos revisar en detalle este importante instrumento legal”, señaló al tiempo de añadir que ese documento pone de relieve un tema que “amerita que se le dé seguimiento”, al tiempo que se entienda cuáles son los mecanismos de cumplimiento que debe implementar el sector industrial, lo cual le otorgaría una “hoja de ruta recorrida” ante eventos inesperados.
Para evitar solapamientos o conflictos entre sanciones administrativas y penales, Pujols propone la colaboración directa con las autoridades. “Sabemos que esto es clave para el futuro de los negocios en República Dominicana y para la protección de nuestro medio ambiente”, sostuvo.
Al ser preguntado sobre la adopción de sellos o certificaciones industriales, el ejecutivo dijo a elDinero que el sector está “empujando” a sus asociados a que se certifiquen, lo cual va en línea con la sostenibilidad. De hecho, empresas del sector industrial dominicano ya cuentan con certificaciones ISO 14001.
