Durante años, para muchas empresas dominicanas el cumplimiento regulatorio fue visto como un requisito para evitar sanciones, atender auditorías o responder a exigencias de los organismos supervisores.
Sin embargo, esa percepción comienza a cambiar a medida que la economía incorpora nuevas herramientas tecnológicas, aumenta la capacidad de fiscalización basada en datos y los mercados exigen mayores niveles de transparencia.
En ese contexto, especialistas coinciden en que la capacidad de una organización para demostrar transparencia, gestionar riesgos y mantener información consistente empieza a tener consecuencias económicas concretas. El cumplimiento deja de ser un asunto exclusivamente normativo para influir sobre decisiones de financiamiento, inversión y relaciones comerciales.
Para el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, los programas de “compliance” aportan valor cuando ayudan a documentar procesos, identificar riesgos y mejorar el funcionamiento interno de las organizaciones. Aunque requieren inversiones en capacitación, tecnología y organización, considera que estas suelen traducirse en ganancias de productividad y en una mejor capacidad para responder ante situaciones de riesgo.
Jiménez también vincula el cumplimiento con la calidad de la competencia. Las empresas que evaden obligaciones fiscales o de seguridad social pueden reducir costos de manera artificial y obtener ventajas que no provienen de una mayor eficiencia.
Esto genera distorsiones en el mercado y desplaza la competencia basada en productividad e innovación. Además, sostiene que los inversionistas buscan entornos con reglas previsibles y mecanismos efectivos de control, por lo que fortalecer los sistemas de cumplimiento contribuye a crear condiciones más favorables para la inversión.
Certificaciones
La conexión entre confianza y negocios es uno de los aspectos que destaca Tania de León, presidenta de la World Compliance Association, capítulo República Dominicana (WCA-RD).
Explica que el creciente interés por las certificaciones internacionales responde a una realidad cada vez más evidente: los mercados ya no observan únicamente indicadores financieros, sino también la capacidad de las organizaciones para gestionar riesgos y demostrar integridad.
No obstante, advierte que el verdadero valor de estos estándares no radica en el certificado, sino en la existencia de procesos y controles efectivos. A su juicio, la tendencia internacional apunta a integrar el cumplimiento tributario, la prevención de lavado, la ética corporativa y la gestión de terceros dentro de una misma estrategia de integridad.
Digitalización
La especialista en “compliance” Paola Clisante considera que la digitalización está modificando la naturaleza de los riesgos empresariales. Señala que la inteligencia artificial ha elevado el nivel de sofisticación de los fraudes y obliga a fortalecer mecanismos de verificación e integración de información financiera y tributaria.
Para Clisante, la implementación de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica representa mucho más que una nueva obligación tributaria. La norma facilitará el cruce de datos fiscales, financieros y societarios, reduciendo el espacio para operar con información fragmentada. A su juicio, este proceso también puede contribuir a disminuir la informalidad y fortalecer la confianza en las relaciones económicas.
Integración
Desde una perspectiva similar, la abogada Radhive Pérez observa que las mejores prácticas internacionales avanzan hacia modelos integrados de cumplimiento.
El objetivo consiste en utilizar una misma base de información para atender requerimientos tributarios, corporativos y de prevención de lavado, reduciendo duplicidades y fortaleciendo la gestión de riesgos.
Pérez considera que uno de los principales desafíos en los próximos años será encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de la tecnología y la protección de derechos.
A medida que aumenta la capacidad de recopilar, cruzar y analizar información, también se vuelve necesario establecer reglas claras sobre el acceso, intercambio y uso de los datos, de modo que la eficiencia en la supervisión no comprometa la seguridad jurídica ni la confianza de los actores económicos.
¿Sustitución?
La inteligencia artificial no reemplazará al oficial de cumplimiento, pero sí transformará su función, según Pérez, quien precisa que el uso de herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de datos obliga a desarrollar nuevas competencias dentro de las organizaciones.
La capacidad de interpretar resultados, evaluar riesgos y tomar decisiones seguirá siendo una responsabilidad humana, pero se deberá combinar conocimientos tecnológicos, legales y financieros.
Las opiniones de los especialistas convergen en un mismo punto: la economía se mueve hacia un entorno donde la información, la transparencia y la capacidad para gestionar riesgos adquieren un valor creciente. En ese contexto, el “compliance” deja de ser un asunto reservado a las áreas legales o regulatorias para convertirse en un factor que influye sobre la competitividad empresarial.
La confianza, durante mucho tiempo considerada un atributo intangible, comienza a consolidarse como un activo económico capaz de abrir o cerrar oportunidades de negocio.
