El sector empresarial dominicano respaldó la extensión del plazo para la entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, al considerar que las empresas necesitan tiempo para adaptar sus estructuras, capacitar a sus empleados y establecer mecanismos de cumplimiento normativo. Aunque la propuesta inicial contemplaba dos años adicionales, la Cámara de Diputados aprobó una prórroga de 18 meses.
Rafael Duluc, senador por la provincia La Altagracia y proponente de la iniciativa, explicó a elDinero que los dos años, ahora 18 meses, adicionales debían aprovecharse para que las empresas comprendieran las nuevas disposiciones y realizaran los ajustes necesarios, como capacitar a sus directivos y empleados, revisar sus controles internos y definir las responsabilidades de quienes toman decisiones.
En cambio, el abogado y consultor en materia de cumplimiento penal Babaji Cruz Peñaló considera que la prórroga debe acompañarse de cambios legales y acciones concretas que faciliten la aplicación del régimen, a fin de evitar que, al concluir el nuevo plazo, vuelva a plantearse la necesidad de extender su entrada en vigor. Cruz Peñaló aclaró que no está en contra de la ampliación, pero entiende que el tiempo adicional, por sí solo, no resolverá las dificultades que podrían presentarse al momento de aplicar las disposiciones.
“No estoy en contra de la prórroga. Lo que considero es que también hay que ver otros aspectos que faciliten su puesta en operación para que, en 1 año o 2 años, sean los que sean que se aprueben, no estemos cuando esté cerrando ese plazo nuevamente frente a otra necesidad de prórroga”, expresó.
En una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el abogado advirtió que conceder otros 24 meses sin resolver las ambigüedades legales podría conducir a una nueva extensión, sin que las empresas ni los fiscales y jueces estén suficientemente preparados para aplicar el régimen.
“El tiempo no es el problema. El problema es que lleguemos igual: sin prepararnos ni ocuparnos”, puntualizó.
Entre los aspectos que considera necesario revisar está la definición de una lista cerrada de delitos por los cuales podrían responder penalmente las empresas, así como la armonización del Código Penal con otros regímenes especiales, entre ellos los relacionados con contratación pública, lavado de activos, medioambiente y delitos tecnológicos.
También plantea aclarar cuáles disposiciones legales quedarían derogadas, debido a que los artículos 391 y 392 podrían no precisar suficientemente qué normas se mantienen vigentes y cuáles resultarían incompatibles con el nuevo marco jurídico. A esto suma la necesidad de definir con mayor claridad el alcance de la responsabilidad penal empresarial y los criterios que permitirían determinar cuándo un programa de cumplimiento es efectivo.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) respaldó la iniciativa de Duluc y solicitó ampliar el plazo de entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal corporativa. La organización considera que la extensión permitiría a las empresas implementar programas de cumplimiento, fortalecer sus controles internos, establecer canales de denuncia y desarrollar procedimientos de evaluación y prevención de riesgos.
El gremio también entiende que el período adicional debe aprovecharse para capacitar a los operadores del sistema judicial y establecer criterios institucionales uniformes y previsibles que contribuyan a la aplicación de las nuevas disposiciones. En cartas dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Conep solicitó dar continuidad al proceso legislativo y procurar que la iniciativa fuera aprobada y promulgada antes del 5 de noviembre de 2026.
“Esta iniciativa constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa”, expresó la entidad.
En una posición similar, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Andesinc) manifestó estar de acuerdo con la modernización del sistema de justicia y la implementación de una cultura de cumplimiento normativo. Sin embargo, advirtió que aplicar de manera abrupta el régimen de responsabilidad penal empresarial podría afectar la seguridad jurídica, especialmente en sectores que operan bajo disposiciones particulares y manejan actividades de alta sensibilidad.
La asociación señaló que las empresas de seguridad privada administran riesgos físicos, utilizan equipamientos regulados y deben coordinar sus operaciones con normativas sectoriales de estricto cumplimiento, por lo que requieren un período prudente para su formación y adecuación.
Freddy González Estrada, presidente de Andesinc, consideró que imponer sanciones severas sin una transición adecuada podría poner en riesgo la estabilidad de miles de empleos formales. Entre las consecuencias contempladas mencionó multas cuantiosas, inhabilitación comercial, cierre de establecimientos y disolución corporativa.
Aprobación
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en dos lecturas consecutivas y con modificaciones, el proyecto de ley que extiende el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal. Redujo de 24 a 18 meses el período adicional planteado originalmente por el senador Duluc.
La iniciativa modifica el Artículo 31 de la Ley 44-26 y deberá regresar al Senado para que conozca los cambios introducidos por los diputados.
Por tanto, la extensión todavía no constituye una disposición definitiva.
Consecuencias
De entrar en vigor sin una planificación previa, las empresas corren el riesgo de ser sancionadas severamente con multas de gran cuantía, inhabilitaciones comerciales, cierre de establecimientos o disolución corporativa, situaciones que antes solo pesaban sobre determinados ejecutivos de las unidades productivas.
