Los programas de cumplimiento no deben evaluarse solo por el presupuesto que requieren, sino por su capacidad para proteger la continuidad de las operaciones, la reputación y las relaciones comerciales de una empresa.
Así lo planteó el especialista en lavado de activos Émerzon Díaz, al considerar que las organizaciones deben dejar de tratar esta función como un simple requisito regulatorio.
Durante una entrevista realizada por Giny Monzón, encargada de la plataforma Prevención de Lavado RD, en un en vivo en Instagram, Díaz sostuvo que el cumplimiento representa una inversión en la sostenibilidad empresarial, debido a los riesgos económicos y reputacionales que puede generar una gestión deficiente.
“No es que me cuesta ese programa. Porque desde que le arrancamos pensando en cuánto me cuesta, empezamos mal”, expresó al referirse a la manera en que algunas empresas evalúan los recursos destinados a esta función.
El especialista explicó que un programa de cumplimiento también puede convertirse en una herramienta para facilitar la internacionalización de los negocios. Señaló que, al establecer relaciones comerciales fuera del país, las empresas pueden encontrarse con contrapartes que exigen demostrar la existencia de controles internos y procedimientos para gestionar riesgos.
Incluso, indicó que organizaciones que no están clasificadas como sujetos obligados pueden recibir exigencias de cumplimiento para concretar determinados negocios.
De hecho, mencionó el caso de un desarrollador de “software” que tuvo que implementar un programa de cumplimiento porque su casa matriz se lo exigía. Esta situación refleja que las exigencias relacionadas con la integridad empresarial no se limitan a las entidades financieras o a los sectores regulados por las normas de prevención de lavado de activos.
Díaz también vinculó esta función con la protección de la reputación corporativa. Advirtió que una sanción administrativa puede generar consecuencias que trascienden el monto económico de la penalidad, especialmente cuando está relacionada con lavado de activos.
“Hay un tema reputacional que le va a dar una brega terrible resarcir”, señaló al referirse al impacto que puede tener este tipo de situaciones sobre la imagen de una organización.
De acuerdo con Díaz, el riesgo reputacional suele recibir poca atención en las empresas hasta que ocurre un incidente que afecta su credibilidad.
Por esa razón, planteó que la función de cumplimiento debe participar en las decisiones estratégicas y comerciales, en lugar de limitarse a responder requerimientos regulatorios o revisar operaciones después de que se ejecutan.
También consideró que los responsables de esta área necesitan fortalecer su capacidad de análisis, comprender el funcionamiento del negocio y comunicar a las distintas partes interesadas por qué determinados controles son necesarios. El especialista concluyó que la prevención de lavado de activos, la corrupción y el fraude no puede recaer exclusivamente sobre el oficial de cumplimiento, sino que debe involucrar a toda la organización.
