El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, defendió la extensión de seis meses del plazo para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) completen la adopción de la facturación electrónica, al considerar que aún persisten desafíos para lograr una implementación total del sistema.
Durante una entrevista con elDinero, en el marco del desayuno-conversatorio “Visión estratégica del comercio desde la DGII: competitividad y futuro”, celebrado en el Hotel JW Marriott, el funcionario admitió que será difícil alcanzar una cobertura total en el corto plazo, aunque valoró como positiva la ampliación de seis meses ya otorgada a los pequeños contribuyentes y agregó que favorecería una extensión de hasta un año.
“La ley fijaba el 15 de mayo como fecha límite para los pequeños contribuyentes, pero entendimos que muchos de los más pequeños no estaban en condiciones de cumplir”, dijo el funcionario. “En lugar de aplicar sanciones, otorgamos una prórroga de seis meses (hasta el 15 de noviembre) para facilitar su incorporación a la facturación electrónica”, explicó.
Urrutia señaló que la experiencia adquirida le lleva a respaldar una extensión mayor del plazo, debido a las limitaciones operativas que enfrentan numerosos pequeños negocios para adaptarse a la nueva modalidad tributaria.
Modernización
Explicó que la facturación electrónica no solo representa un paso hacia la modernización de los procesos fiscales, sino que además fortalece los mecanismos de control y trazabilidad. Según indicó, el sistema permite dar seguimiento al movimiento de productos y mercancías mediante las propias facturas emitidas.
El titular de la DGII también destacó el papel del facturador gratuito, una herramienta creada por la institución para facilitar la transición de pequeños empresarios al esquema digital sin que deban asumir costos adicionales por desarrollo de “software” o mantenimiento tecnológico.
Precisó que este servicio está dirigido a contribuyentes con operaciones de bajo volumen, especialmente aquellos que emiten hasta 150 facturas mensuales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa sin generar cargas económicas adicionales.
