La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se encuentra ante un significativo desafío: lograr la implementación de la factura electrónica entre seis millones de pequeños contribuyentes y personas físicas. A junio del año pasado, el 96% del total de grandes contribuyentes nacionales ya había completado la certificación para la emisión de comprobantes fiscales electrónicos, conforme a lo estipulado en la Ley 32-23, que establece la obligatoriedad de este proceso en el país.
La afirmación la hizo Yorlin Vásquez Castro, subdirectora jurídica de la DGII, al destacar que mientras los grandes contribuyentes han adoptado con éxito esta modalidad, los medianos están atravesando una fase de ralentización debido a posibles limitaciones económicas. Sin embargo, enfatizó que los pequeños contribuyentes son el verdadero reto para la institución.
“El gran reto son los pequeños contribuyentes, porque ahí hay seis millones de gente que hay que enseñarles y en donde está la mayor brecha digital”, manifestó la funcionaria. “Un contribuyente totalmente inadmisible que no sepa usar una computadora, un mediano también, pero en un pequeño o una persona física es totalmente admisible”, agregó.
“Entonces, ahí está el problema”, recalcó Vásquez Castro durante su participación en el panel “Digitalización de la administración tributaria“, en el Congreso Empresarial Deloitte 2025: Creando negocios que trascienden”, organizado por Deloitte en el hotel Intercontinental de Santo Domingo.
En el panel, moderado por Carla Coghi, socia directora regional de Centroamérica de Deloitte, Vásquez indicó que la ley establece que la implementación total debe llevarse a cabo en un plazo de tres años; sin embargo, mencionó que otros países han requerido hasta siete años para lograrlo.
Citó como ejemplo a México, que logró implementar con éxito la factura electrónica total. No obstante, advirtió que otros países han tenido que realizar ajustes en sus sistemas tras la implementación y planteó interrogantes sobre si será necesario un catálogo único de actividades o si la inteligencia artificial (IA) podrá ser capaz de analizar todas las facturas y facilitar un cruce completo.
“Ese es el gran reto. Cómo vamos a fiscalizar en facturación electrónica sin dejar que toda esa información prescriba y luego cómo vamos a atraer aquellas personas físicas voluntariamente a facturación electrónica, porque caerle atrás a seis millones de gente es un caos y no es administrable”, puntualizó la funcionaria.
Brechas tecnológicas
La representante de la DGII reconoció que, en República Dominicana, persisten significativas brechas en el acceso a la energía eléctrica, la digitalización y la conectividad. De ahí que la Ley de Facturación Electrónica contempla estas problemáticas a través de una figura denominada “contingencia”. Este mecanismo, aseguró Vásquez, permite a los contribuyentes informar sobre situaciones que les impiden emitir comprobantes fiscales electrónicos.
“Cuando un contribuyente es declarado en contingencia, se reactivan los comprobantes manuales; sin embargo, esto no implica la anulación de los comprobantes electrónicos previos, sino que se procede a su inhabilitación”, explicó.
Añadió que el verdadero desafío para la DGII radica en la capacidad del software de detección de anomalías para diferenciar entre comprobantes electrónicos y aquellos físicos emitidos debido a una contingencia. “La facturación electrónica no está diseñada para paralizar los negocios. Por ello, la figura de contingencia establece un marco regulatorio sobre cómo y por cuánto tiempo se puede declarar esta situación, así como el procedimiento para solicitarla”, enfatizó.
Este enfoque afirmó busca garantizar que las dificultades técnicas no obstaculicen el cumplimiento tributario, permitiendo así una transición más fluida hacia un sistema de facturación electrónica eficiente y accesible para todos los contribuyentes.
