Accionistas pueden enfrentar riesgo penal sin un “compliance”

La presión de la jurisprudencia y el riesgo reputacional obligan a las organizaciones a pasar de políticas formales a sistemas efectivos de prevención

El “compliance” se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas. Se trata de un modelo que organiza las políticas y conductas de una compañía para evitar malas prácticas. En esencia, es una estructura diseñada para prevenir delitos y proteger la integridad de la organización ante la justicia.

La afirmación pertenece a Óscar Meléndez, quien es socio de la práctica forense de EY Latam, durante el “International Compliance Immersion Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y compliance penal”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

“Ya no basta con tener documentos en papel. Según la jurisprudencia internacional, las empresas solo pueden atenuar su responsabilidad por delitos de altos directivos si prueban que actuaron con la debida diligencia para prevenir el fraude”, dijo Meléndez a elDinero.

Para asegurar que los modelos de cumplimiento protejan las empresas de responsabilidad penal es fundamental someterlos a pruebas de estrés en ambientes controlados. Esto, según él, es clave para encontrar vacíos y “sacarlos a flote de manera segura” con el propósito de proteger a la organización.

Al preguntársele sobre la lección “más dura” en América Latina que pueda ser implementada por República Dominicana, Meléndez respondió que la experiencia en otros mercados de la región deja una advertencia para el empresariado dominicano: ser accionista no exime de responsabilidad penal. “Si un inversionista influye en las decisiones de la empresa es legalmente responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones en el control del negocio”, precisa.

Considera que, aunque una empresa logre eximirse de responsabilidad penal mediante tecnicismos legales, el daño reputacional es irreversible. Agrega que, en una sociedad cada vez más sensible ante los delitos corporativos, el “nombre manchado” resulta más costoso que cualquier sanción judicial.

Inteligencia artificial

Meléndez advierte que la integración de la inteligencia artificial en la gestión de cumplimiento marca un “punto de no retorno” que redefine la naturaleza de las auditorías. Según el especialista, la tecnología permite transitar desde un modelo tradicional de revisiones muestrales y “post-mortem” (donde se analizaba el daño ya ocurrido) hacia un sistema de evaluación integral y preventiva.

Bajo este nuevo paradigma, las organizaciones tienen la capacidad de perfilar patrones de conducta sospechosos y anticiparse a las transacciones fraudulentas mediante correlaciones de datos en tiempo real, transformando la auditoría en una herramienta de vigilancia predictiva.

Asimismo, subraya que la labor del oficial de cumplimiento debe evolucionar hacia la capacidad de “retar” la lógica detrás de la IA, asegurando que las decisiones automatizadas no vulneren derechos fundamentales ni principios de igualdad.