Recientemente, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) afirmó que “cada año, los hogares dominicanos gastan más del 50% de sus ingresos en gastos de salud”, lo que plantea una situación crítica para los usuarios de los servicios de salud, que somos todos.
En esa misma línea, se asevera que “el mayor gasto de las familias dominicanas es en productos farmacéuticos, con un gasto en bienes y servicios de salud de un 55.3%, representando unos 100,270 millones de pesos, es decir, un 1.6% del producto interno bruto”.
Así también, un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2020) refiere que, al 2018, el gasto de bolsillo en salud era de un 50.5% de los ingresos mensuales de los hogares, lo que indica que este, aunque sigue siendo elevado, no ha cambiado durante los últimos siete años.
Conviene especificar que un alto gasto de bolsillo en salud significa que la población de un país debe pagar una gran parte de los servicios médicos con su propio dinero, sin la intermediación de seguros o financiamiento público.
Esto tiene diversas implicaciones para la sociedad, especialmente en términos de acceso, equidad y bienestar económico. En efecto, debido al alto costo de bolsillo, muchas personas pueden evitar ir al médico o retrasar tratamientos por los altos precios, lo que puede agravar enfermedades prevenibles.
Igualmente, esto puede llevar a gastos catastróficos, ya que la población tiene que sacrificar necesidades básicas como alimentación y educación, lo que la empuja a un mayor nivel de pobreza.
Otro elemento importante relativo a las consecuencias negativas que genera un alto costo de bolsillo en salud es que, al no poder pagar consultas o tratamientos a tiempo, las enfermedades pueden agravarse, aumentando la mortalidad prematura en la población y reduciendo la calidad de vida, sobre todo en los que padecen enfermedades crónicas y no pueden costear su tratamiento.
Lo peor es que este es un fenómeno de toda América Latina y el Caribe, en donde el gasto de bolsillo también representa una parte significativa del financiamiento de la salud, reflejando deficiencias en los sistemas públicos y en los esquemas de aseguramiento. Todo esto ocurre en una situación en donde existe una fragmentación de los sistemas de salud y una baja inversión pública.
Para reducir la incidencia de este problema, algunos expertos proponen el fortalecimiento de los sistemas de salud, aumentar la inversión en salud pública, mejorar la cobertura de los seguros, regular los costos de los medicamentos y un mayor acceso a la atención primaria, esto último buscando reducir la necesidad de tratamientos costosos y hospitalizaciones evitables.
Sin embargo, existe un pecado original en la permanencia de esta problemática, y es la visión que se ha creado en muchos actores, sobre todo privados, de que la salud es un negocio y los servicios de atención a la población la mercancía, lo que ha llevado a que el foco sean los tratamientos costosos y no la prevención y la atención primaria.
De hecho, hacerse rico con la salud ya se ve casi como un derecho, más que el derecho de la población a la salud. Duele decirlo, y más aún reconocerlo. Pero esta es una cuestión de Estado y toca al Gobierno resolverla.
