Durante su discurso en la Asamblea Nacional con motivo del Día de la Independencia de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader subrayó el “manejo prudente y proactivo” de la deuda pública, que al cierre de 2024 se situó en un 57.5% del producto interno bruto (PIB).
“Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2020 este indicador era del 61%. Este dato contrasta con el aumento de la deuda en la inmensa mayoría de los países, por la crisis”, afirmó Abinader en su rendición de cuentas.
El mandatario recordó que durante el 2024, las agencias calificadoras Fitch y S&P reafirmaron la calificación crediticia de la República Dominicana, otorgándole un “BB- positiva” y un “BB estable”, respectivamente.
“En las distintas revisiones, las agencias internacionales destacan el buen desempeño económico del país, la mejora en los indicadores de gobernanza e institucionalidad, el buen manejo de la deuda pública y las adecuadas políticas públicas que ha implementado el gobierno”, resaltó.
Además, Abinader enfatizó que este “manejo prudente y proactivo de la deuda” ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe concluyó que “la deuda pública de nuestro país es sostenible y que las políticas que se han adoptado son las correctas”.
El presidente también destacó un incremento significativo en la recaudación del Estado, que alcanzó el 16.3% del PIB al cierre de 2024, superando en un 0.6% lo recaudado en 2023. Este crecimiento lo atribuyó a varios factores, incluyendo la evolución de la actividad económica, los esfuerzos contra la evasión y el fraude fiscal, así como a mejoras en la gestión tributaria y los ingresos derivados del acuerdo con AERODOM.
“Nuestro déficit fiscal en el año 2024 se situó unas décimas por debajo de lo proyectado, situación sumamente poco común tratándose de un año electoral”, enfatizó Abinader durante su primera rendición de cuentas de su segundo mandato.
En agosto de 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, considerada un hito para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y alinear al país con las mejores prácticas internacionales. Esta ley establece un marco normativo destinado a garantizar una gestión financiera prudente, transparente y sostenible a corto, mediano y largo plazo, creando reglas para el comportamiento fiscal mediante el control del gasto primario y estableciendo un ancla para la deuda.
El Gobierno dominicano se ha fijado como meta reducir la deuda sobre el PIB a un 47.1% hacia 2028; sin embargo, persiste un alto déficit que representa un desafío para alcanzar esta ambiciosa meta.
