El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), desplegó un amplio operativo de rescate de la playa Palmera, en Uvero Alto, provincia La Altagracia.
Durante la ejecución del operativo fueron demolidas edificaciones construidas dentro de los 60 metros de dominio público a partir de la pleamar que establece la Ley 305-68.
La entidad informó que los infractores no cuentan con los permisos ambientales correspondientes y pese a ser notificados en el 2024, continuaron operando restaurantes y tiendas de artesanías en este espacio, incumpliendo su promesa de desalojar el área ocupada.
Este operativo se enmarca en una política de “tolerancia cero” implementada por el ministro Paíno Henríquez desde el inicio de su gestión, quien informó que “se han realizado más de 5,000 operativos desde agosto de 2024 a la fecha”.
Henríquez puntualizó que los operativos “han totalizado cientos de millones de pesos en multas registradas por la entidad, con más de un millar de personas sometidas por delitos ambientales, de las cuales, 80 se encuentran en procesos judiciales y 920 han recibido las sanciones correspondientes”.
El operativo fue dirigido por la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de técnicos del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos.
Ley 305-68
La Ley 305-68 establece una franja marina de 60 metros de ancho partiendo de la línea de pleamar hacia la tierra, impactando todas las costas y playas del territorio nacional. Su propósito es proteger la integridad ecológica, el funcionamiento de los ecosistemas marinos, evitar la destrucción del paisaje costero-marino, además de garantizar el acceso público a las playas.
