La Dirección General de Migración (DGM) afirmó que superó las 180,000 deportaciones de haitianos en condición migratoria irregular durante operaciones realizadas en los últimos seis meses, cuando el Gobierno dispuso el plan ampliado de contención de flujos de extranjeros.
Las deportaciones desde el primero de octubre pasado hasta este 31 de marzo fueron de 180,417 personas, dentro de la estrategia integral que despliega la DGM para reforzar la seguridad y el orden en el flujo migratorio.
En octubre se repatriaron 40,223 haitianos; en noviembre fueron 28,703; en diciembre 25,085; en enero 31,213 y en febrero 26,659, aseguró Migración en un comunicado.
La cifra “histórica” de repatriaciones en seis meses se alcanzó con los 28,534 haitianos detenidos en marzo.
El año pasado las deportaciones de haitianas indocumentados alcanzaron las 276,215, dijo el organismo.
Todos los procesados, antes de su deportación, fueron registrados y validados mediante equipos de biometría, depurados de acuerdo a los protocolos establecidos y evaluados de manera individual y detallando el perfil de cada uno.
Las interdicciones se llevaron a cabo en el Gran Santo Domingo, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Azua, Santiago Rodríguez, Moca, provincia Duarte, Dajabón, Valverde, Montecristi, Barahona, provincia Peravia, La Vega y Santiago, y se realizaron en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Digesett, Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila y otras entidades gubernamentales.
La DGM expuso que los operativos se ejecutaron “respetando los derechos humanos, la dignidad de los inmigrantes y cumpliendo con las normas del derecho internacional y el derecho procesal democrático vigente”.
La Dirección de Migración aseguró que seguirá cumpliendo la ley, el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la República y las directrices del presidente Luis Abinader, todo dentro de un enfoque integral para que los procesos de repatriación y control fronterizo se realicen de manera “justa, equitativa y sin discriminación”.
