La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) expresó su respaldo a las quince medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para “enfrentar la inmigración ilegal y salvaguardar la soberanía de la nación”.
El presidente de Copymecon, Eliseo Cristopher, consideró que las medidas del Gobierno, que incluyen el reforzamiento de soldados en la frontera, la ampliación del muro fronterizo, crear oficinas de control migratorio en las provincias, entre otras, representan un paso crucial hacia la regularización y el fortalecimiento de tejido empresarial, donde el sector construcción es un motor fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleos en República Dominicana.
No obstante, admitió que existen desafíos “inherentes” a la informalidad laboral, así como la necesidad de asegurar un mercado de trabajo ordenado y conforme con las leyes dominicanas.
A través de un comunicado, el titular de Copymecon destacó que el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz está llamado a jugar un papel determinante en la inclusión y formalización de las empresas constructoras, especialmente las mipymes. “Ese plan representa una oportunidad invaluable para que las empresas locales puedan participar activamente en proyectos formales, cumpliendo con las normativas y contribuyendo significativamente a la dominicanización de la mano de obra en el sector construcción”, señaló.
En ese sentido, la entidad propuso las siguientes acciones estratégicas:
1. Implementar un programa nacional de formación y certificación en diversas áreas de la construcción (albañilería, electricidad, plomería, carpintería, etc.) dirigido a jóvenes y mujeres dominicanos. Este programa, en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y las universidades, debe incluir certificación de competencias para garantizar la calidad y profesionalización de la mano de obra local.
2. Crear un fondo específico con recursos públicos y privados para apoyar a las mipymes constructoras en el proceso de formalización de su mano de obra y en la contratación de trabajadores dominicanos. Este fondo podría ofrecer subsidios temporales para la contratación, facilidades de crédito para inversión en equipos y capacitación interna.
3. Establecer incentivos fiscales (deducciones de impuestos, créditos fiscales) para las empresas constructoras, especialmente las mipymes, que demuestren un aumento en la contratación de trabajadores dominicanos formalizados.
4. Crear un registro nacional unificado de trabajadores de la construcción, que permita identificar la mano de obra disponible, sus certificaciones y su estatus migratorio. Esto facilitaría la conexión entre la oferta y la demanda de empleo formal en el sector.
5. Desarrollar campañas a nivel nacional para promover la valoración del trabajo en el sector construcción entre los jóvenes dominicanos, destacando las oportunidades de desarrollo profesional y los beneficios de la formalidad.
6. Aumentar la capacidad y la efectividad de la inspección laboral en el sector construcción para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y migratorias y para combatir la informalidad y la explotación.
7. Establecer alianzas estratégicas con escuelas técnicas y universidades para incluir en sus currículos la formación en áreas especializadas de la construcción que actualmente presentan déficit de mano de obra local.
