El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) ha anunciado en abril de 2025 una importante medida que marca un hito en el fortalecimiento del sector cooperativo de la República Dominicana: todos los asesores y educadores de las cooperativas deberán contar con formación en materia de cooperativismo.
Desde esta tribuna, no podemos más que celebrar y aplaudir esta iniciativa, que busca proteger la esencia del movimiento cooperativo, elevar la calidad de la asesoría y educación que reciben las cooperativas, y reducir el riesgo de improvisaciones que tanto daño han hecho al sector en el pasado. Profesionalizar la asesoría y la educación cooperativa es una deuda histórica que hoy comienza a saldarse.
Sin embargo, como todo cambio estructural, es importante mirar también los retos y peligros que un aterrizaje apresurado puede traer consigo. A la fecha, el comunicado del Idecoop, aunque bien intencionado, presenta varios elementos que generan legítima preocupación:
1) La disposición es general y no específica para áreas o niveles de servicios. No distingue entre asesoría contable, legal, de cumplimiento, estratégica o educativa, lo que podría generar confusión sobre el alcance de la medida.
2) La norma entra en vigor de inmediato, sin que se hayan establecido los procedimientos para su aplicación. No existen aún vías para el registro de educadores o asesores, ni se han definido reglas claras, requisitos de inscripción, o acreditaciones de las entidades que ofrecerán la formación requerida.
3) Se desconoce qué tipo o nivel de formación será exigido. ¿Será suficiente un curso de algunas horas? ¿Se exigirá un diplomado de 60 horas? ¿O acaso una especialización de 100 horas o más? La falta de claridad puede paralizar las operaciones normales de las cooperativas, que dependen de estos servicios, incluso para cumplir con obligaciones legales.
4) La inmediatez de la medida podría tener consecuencias operativas graves. Sin asesores o educadores habilitados, las cooperativas podrían enfrentar dificultades para contratar servicios esenciales en auditoría, capacitación, cumplimiento regulatorio, planificación estratégica, entre otros.
5) El diseño e implementación de este nuevo esquema de formación, registro y habilitación es, razonablemente, un proyecto de mediano plazo. Pretender implementarlo de manera inmediata es desconocer el tiempo necesario para diseñar programas, acreditar instituciones formadoras, recibir solicitudes de registro, evaluar credenciales y otorgar habilitaciones.
Por todo esto, hacemos un llamado respetuoso y constructivo al Idecoop:
– Que mantenga firme la intención de regular y profesionalizar la asesoría y educación cooperativa, pues el sector necesita un marco más sólido para su crecimiento y sostenibilidad.
– Que otorgue un plazo razonable para la aplicación efectiva de esta medida, permitiendo a cooperativas, asesores, educadores e instituciones formadoras adecuarse a los nuevos requisitos.
– Que impulse mesas de trabajo y consultas públicas para diseñar estándares claros, definidos y alcanzables en el corto, mediano y largo plazo.
– Que establezca programas de transición o reconocimiento provisional para aquellos profesionales que hoy prestan servicios de valor, mientras completan la formación exigida.
República Dominicana necesita un sector cooperativo fuerte, profesional y comprometido con sus principios. Pero construir esa solidez demanda orden, claridad y tiempo. No se trata de frenar el cambio: se trata de construirlo con bases firmes.
La oportunidad que hoy se abre es inmensa. Aprovechémosla bien.
