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Regularizar por el bien de la nación

Jaime M. Senior FernándezPorJaime M. Senior Fernández
15 May, 2025
en EconoLegales
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Uno de los accidentes geográficos-históricos con mayor consecuencia en el mundo moderno es el hecho de que hace ya cinco siglos, dos poderes europeos decidieron repartirse una pequeña isla caribeña, La Hispaniola. Hoy día, República Dominicana y Haití son dos países unidos por una frontera, pero con trayectorias muy disímiles; el primero encaminado a ser un país de mediano-alto ingreso, el segundo carente de la infraestructura básica para contar como un Estado.

Para República Dominicana, la carga de Haití ha sido muy pesada. Nuestro país ha logrado progresar, trabajar, desarrollar nuevos caminos para sí mismo que le han permitido a su gente soñar por un futuro mejor. Somos el único país que le ha extendido la mano a nuestro vecino una y otra vez, y aunque hemos vivido momentos de tensión y episodios oscuros, la verdad es que nuestros destinos están, si no unidos, al menos acompañados uno del otro.

La migración es otra realidad humana. Las personas siempre buscaremos ir a lugares donde tendremos mayores posibilidades de progresar económicamente y darle una mejor vida a nuestros descendientes. Es una ley inmutable de la naturaleza de nuestra especie que los países de altos ingresos siempre van a atraer a las personas que no gozan de grandes posibilidades de avance económico en su país, sea Haití u otro.

Vemos, por ejemplo, que en Europa los inmigrantes de Turquía y otros países del cercano oriente y del norte de África cruzan fronteras con esta finalidad. Claro, esto genera tensiones en los países destinos de estos inmigrantes, pues suelen ser personas de escasos recursos, y requieren de asistencia del Estado, además de que son inmigrantes indocumentados y no están en cumplimiento con el ordenamiento jurídico.

Ocurre lo mismo aquí en nuestro país. Industrias como la agricultura, construcción, y muchas otras que quizás no vemos, ofrecen empleos a inmigrantes que no cuentan con estatus legal. En ese caso surge la pregunta: ¿se “regularizan” estas personas, o sencillamente se procede a deportarlas (si son identificadas)?

Un Estado necesita tener fronteras que sean respetadas. Es un sine qua non para la existencia del mismo. Pero también sabemos que la frontera es una construcción teórico-política y no un fenómeno natural, como una montaña. Si sabemos que los inmigrantes cruzan la frontera, ¿vamos a ignorar esta realidad?

La verdadera pregunta es: ¿si estos inmigrantes -vamos a decir que indocumentados- están empleados en trabajos productivos, que aportan al crecimiento de la nación, por qué no los queremos aquí? La regularización de estos trabajadores no necesariamente conlleva su ciudadanía, pero sí sacarlos “de las sombras” y que gocen de las mismas protecciones que cualquier otro ser productivo en nuestro país.

No se puede tapar el sol con un dedo, y la migración es necesaria para llenar espacios productivos que nuestra economía demanda, y es, además, un anhelo de muchos. Busquemos fórmulas racionales para ofrecerles protección a estos migrantes y que vivan bajo el imperio de la ley en este país. Es una solución racional y realista a lo que enfrentamos aquí.

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