El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 312-25, mediante el cual declara estado de emergencia para que la Alcaldía del Distrito Nacional contrate de manera directa los servicios de recogida y depósito de basura, sin la necesidad de cumplir ciertos requisitos legales contractuales.
Aunque aparentemente bien intencionado, el decreto parece ser innecesario y hasta ilegal. Lo primero es que la Ley de Municipios da autonomía a los cabildos, que tienen una gobernanza independiente regida por su Concejo de Regidores, quienes tienen la facultad de resolutar los estados de emergencia en su demarcación.
Lo segundo es que los cabildos no están legalmente obligados a colgar en el portal transaccional sus operaciones de compras y contrataciones, por lo que no se requiere estado de emergencia para hacerlo de manera directa.
Además, que el Poder Ejecutivo tome decisiones sobre los cabildos viola la Constitución y la Ley de Municipios.
