Aunque las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la zona fronteriza presentan una tasa de morosidad aparentemente baja, este indicador no necesariamente refleja un entorno crediticio saludable.
Así lo advierte el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en su informe “Monitor de la Frontera 2023”, donde se analiza la situación financiera de las mipymes en uno de los territorios más rezagados del país.
Según el informe, provincias como Bahoruco (0.15%), Elías Piña (0.18%), Santiago Rodríguez (0.26%) e Independencia (0.35%) reportan tasas de morosidad por debajo del 0.5%, cifras que, en apariencia, indicarían un buen comportamiento de pago. No obstante, todas estas provincias manejan una cantidad reducida de créditos, menos de 800 operaciones en cada caso, lo que evidencia una baja penetración del sistema financiero formal en la región.
“Una baja morosidad en un contexto de escaso acceso al crédito no necesariamente es positiva, ya que podría estar reflejando una exclusión financiera más que un entorno favorable al financiamiento productivo”, sostiene el informe. Esto indica que el limitado número de operaciones impide evaluar con precisión el riesgo crediticio real del territorio.
En contraste, provincias fronterizas como Montecristi (2.09%) y Dajabón (1.30%) presentan tasas de morosidad más elevadas que sus vecinas. Esta situación podría estar vinculada a condiciones socioeconómicas adversas, menores niveles de formalización o deficiencias en los procesos de evaluación crediticia.
El documento advierte que este patrón general evidencia una estructura de exclusión financiera en la zona fronteriza, donde el bajo número de créditos limita no solo el acceso a capital de trabajo, sino también las posibilidades de desarrollo económico local.
Ante esta realidad, el MEPyD recomienda la implementación de políticas diferenciadas que promuevan el acceso al financiamiento con condiciones más justas y adaptadas al contexto local. Además, sugiere el fortalecimiento de los mecanismos de garantía y la capacitación técnica de los actores financieros, como parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad del crédito en la región.
