¿Se ha perdido la guerra contra el soborno en América Latina?

El soborno es una forma de corrupción que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor, que podría ser dinero, regalos o favores, para influir indebidamente en las decisiones o acciones de una persona con poder o autoridad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera el soborno como un obstáculo significativo para el desarrollo económico y social de la región. Lo ve como una forma de corrupción que distorsiona la competencia, socava la confianza en las instituciones y reduce la inversión y el crecimiento económico.

El órgano regional analiza el soborno en el contexto de la gobernanza y la desigualdad, señalando que la corrupción puede afectar desproporcionadamente a los grupos más vulnerables.

Los casos de sobornos son harto conocidos en América Latina. La región ha tenido que enfrentarse al descrédito que provoca. República Dominicana ha estado en medio de algunos de estos eventos.

El caso Odebrecht ha sido el más sonado y de mayor impacto. La constructora brasileña admitió haber pagado más de US$788 millones en sobornos en al menos 11 países latinoamericanos para obtener contratos públicos. Implicó a presidentes, ministros y empresarios en Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Venezuela y República Dominicana, entre otros.

En Perú, el expresidente Alan García se suicidó en 2019 durante una investigación por presuntos sobornos, mientras que en República Dominicana Odebrecht admitió haber pagado US$92 millones en sobornos, lo que llevó a múltiples imputaciones.

Hablar de sobornos en América Latina también es hacer referencia al caso Duarte, en México, pues en 2016, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue acusado de desviar al menos US$1,700 millones mediante actos de corrupción. Los Cuadernos de las Coimas, en Argentina, fue emblemático. En 2018, se descubrió una red de sobornos que involucra a funcionarios y empresarios durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Las estimaciones refieren pagos por alrededor de US$600 millones en sobornos.

Hubo otros muy sonados: caso La Línea, en Guatemala, cuando en 2015 se desmanteló una red de corrupción aduanera que involucraba al entonces presidente Otto Pérez Molina. Igual sucedió con Lava Jato, originado en Brasil, involucró a varios expresidentes peruanos, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y la líder opositora Keiko Fujimori. Estos casos muestran cómo el soborno puede infiltrarse en las estructuras más altas del poder y afectar el desarrollo económico y social.

No es un secreto que para cometer estos delitos se utilizaron los canales formales de los sistemas financieros de la región, aunque esto tampoco implicó involucramiento directo de las entidades de intermediación financiera, sino que se trató, según la información disponible, de colusión entre funcionarios y contratistas.

La Cepal aborda el soborno desde varias perspectivas. Para la institución, esta práctica desincentiva la inversión, distorsiona la asignación de recursos, reduce la eficiencia económica y aumenta los costos de hacer negocios. Lo ve, además, desde el punto de vista de sus efectos en la gobernanza, ya que la corrupción, incluido el soborno, debilita las instituciones públicas, socava la confianza en el Estado y genera inestabilidad política. Reconoce que estas acciones ilegales pueden afectar desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, dificultando su acceso a servicios básicos y perpetuando la desigualdad.

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Gustavo Flores, un experto costarricense con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, especializado en compliance, gobernanza y riesgo, participó en el Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), titulado “Del riesgo a la resiliencia: estrategias clave para la evolución financiera y la auditoría moderna”, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA).

Con múltiples certificaciones internacionales, como ISO 37001 (antisoborno) y ISO 37000 (gobernanza de organizaciones), Flores ha trabajado en más de 18 países. Su experiencia abarca posiciones clave como contralor normativo, auditor externo y asesor de comités de auditoría en importantes instituciones financieras de Costa Rica y más allá.

“Hay un detalle fundamental a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos estar preparados para poder gestionar un riesgo como el soborno? ¿Por qué? Porque el riesgo, precisamente, de corrupción y de soborno son simplemente riesgos emergentes que no son tan fáciles de gestionar ni de medir”, explicó Flores.

Indicó que, en los mecanismos de prevención, los sistemas financieros de la región están basados en una serie de mejores prácticas. A su entender, el soborno no sólo se hace a través de una infraestructura vial o pública, sino que hay un tema de legitimación de activos y de otros delitos determinantes.

En este sentido, sostiene que, a pesar de que existen métodos de prevención, “es una guerra que estamos perdiendo” porque todo está basado, aunque parezca mentira, en las mismas normativas y regulaciones a nivel regional porque se lucha contra el crimen organizado. “Es gente que se ha preparado, que se ha suturado para, precisamente, propiciar esta serie de actos que transgreden las normas y por eso ha sido tan complejo”, explicó.

Respecto a su afirmación de que “es una guerra que estamos perdiendo”, Flores señala que es un flagelo de moda, pero que “es una moda que no ha pasado de ser moda”. En este orden, sugiere concienciar sobre este tema y que, por eso, lo quiso transmitir a los participantes de CIFA y Selatca, que también contó con el apoyo de BDO Dominicana.

En todo caso, dice, no hay riesgo cero porque “cada uno de estos elementos, como hemos dicho, está asociado a lo que las estadísticas llaman colusión interna”.

Está de acuerdo en que el soborno es una decisión humana. Refiere que cuando aborda estos temas en conferencias, lo que hace es poner “un ángel a un lado y un diablito del otro”. Sin embargo, considera que mucha gente se ve arrastrada o consumida por el mismo poder y temor, pues el mismo sistema lleva a entrar en el soborno.

“Tú vas a todas las actividades profesionales y a la gente lo menos que le interesa es seguir entendiendo sobre lo que es un principio y un valor. Y ese es el punto original para tomar la mejor decisión”, considera el experto en materia de prevención de soborno.

Sobre el impacto de las leyes, además de la formación del ser humano, Flores refiere que cuando se conversa con fiscales de la región lo que dicen es que este tema de inducir una sanción a veces es complejo. Dice que no sólo es por lo delicado del tema, sino porque falta gente preparada técnicamente en los tribunales de justicia para estas cuestiones.

Esto que dice Flores se demuestra en que, de todos los casos tratados en la región, apenas un 1% termina en condena. A su parecer, esto es prácticamente nada cuando se mira lo que los casos de soborno representan materialmente para la economía de un país.

Necesidad de una supervisión basada en riesgo

Gustavo Flores destaca la necesidad de que se implemente una supervisión basada en riesgo para estar a tono con las exigencias internacionales, al tiempo que se anteponen las variables relacionadas con la tecnología.

Destacó que hoy día, luego de las experiencias aprendidas, se pasó de un enfoque tradicional, es decir, de la supervisión basada en controles a una que se sustente en riesgo.

Cuestiona sobre la efectividad de la supervisión, ya que en la última década se han demostrado la materialización de algunos de estos actos, por lo que, afirma, “algo sigue sin caminar bien”.

Explica que hay algo que se llama la política de persecución criminal, por lo que el tema relacionado con la obra pública está en el top 3. Refiere que en estas áreas están todos los recursos, por lo que siempre hay muchos candidatos a ocupar estas posiciones.

Está entre quienes consideran que el soborno ha sido una limitante para que haya un mejor desarrollo y equidad en la región, ya que desalienta la inversión y distorsiona la economía, generando mayor pobreza.