En los últimos años, el Gobierno dominicano ha promovido, a través del Comité Nacional de Salarios (CNS), aumentos divididos en dos partidas en el sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado, lo cual ha sido aceptado por los sindicalistas, dejando de lado el hecho de que, dada esa práctica, los trabajadores resultan perjudicados con proporciones menores a las anunciadas, lo cual beneficia a los empleadores.
Por ejemplo, el aumento salarial reciente de un 20%, que se aplica fraccionado en un 12% a partir del 1 de abril de este año y el 8% restante desde el 1 de febrero de 2026, en realidad termina en un 16.6% y no en el 20% ofrecido durante la vigencia de esos ajustes. ¿La razón? Veamos a continuación.
Lo primero es que los salarios mínimos se revisan cada dos años, es decir, cada 24 meses, de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo, al hacer referencia de que esa revisión siempre se hará en ese intervalo de tiempo.
Ahora bien, pongamos como ejemplo el ajuste más reciente al salario mínimo, específicamente el de las grandes empresas, que fue de un 12% partiendo de los 24,990 pesos mensuales en que estaba. Con ese 12% de ajuste, el salario mínimo pasó a 27,988.80 mensuales; es decir, 2,998.80 pesos adicionales.
Luego, a partir del 1 de febrero de 2026, se le aplicará el 8% adicional, pero partiendo de los 24,990 mensuales, es decir, 1,999.20 pesos mensuales. Con eso, el monto quedará en 29,988 pesos cada mes (un 20%).
Pero, recordemos que el salario mínimo se revisa cada dos años, por lo que, la discusión sobre un nuevo ajuste sería para aplicarlo a partir de abril de 2027.
Este dato es interesante, debido a que, si se hubiera aumentado el 20% completo desde el 1 de abril, eso sería un monto adicional cada mes de 4,998 pesos, es decir, 119,952 pesos en un período de 24 meses (dos años).
En cambio, al aumentar solo un 12% de inicio (2,998.80 mensuales), durante 24 meses la suma es de 71,971.20, a los que se agrega el 8% (1,999.20) desde febrero 2026, con lo que, al cabio de 14 meses, serían 27,988.80, para un total de 99,960 durante los 24 meses o dos años de vigencia. Ese monto está muy por debajo de los 119,952 pesos que en dos años habría recibido el trabajador si el ajuste hubiera sido de un 20% desde el principio y no fraccionado.
Cuando se dividen esos 99,960 pesos entre 24 meses, se tiene que el aumento real habrá sido de 4,165 pesos mensuales. Eso quiere decir que, en términos exactos, el salario mínimo mensual de los trabajadores estaría pasando de 24,990 a 29,155 pesos mensuales, lo que equivale en un incremento real de un 16.6% y no de un 20% como se anunció y se ha hecho creer que se ha aplicado.
Esa situación no solo afecta a los trabajadores en cuanto al porcentaje real en que habría sido ajustado su salario, sino que, además, les perjudica en el monto que deben recibir como doble sueldo de Navidad, el cual se calcula tomando la duodécima parte de los ingresos recibidos en los 12 meses anteriores (año calendario), aunque el salario haya variado en ese intervalo.
También afecta en el monto que les toca de derecho de vacaciones; y no se puede olvidar el efecto que tiene, ademas, sobre la cantidad a acumular como derecho de cesantía en caso de que el trabajador sea desahuciado de su empleo.
De ahí que, en la práctica de hacer ajustes fraccionados haciendo ver un porcentaje inicial alto cuando en realidad no es el que efectivamente se aplica, los patronos o empleadores no se quejan, pues saben, de antemano, que en los dos años de vigencia o aplicación, estarían pagando un porcentaje menor al que se anunció.
Aunque pusimos el ejemplo con el salario mínimo de los trabajadores de las grandes empresas, el recorte mencionado aplica para todos los otros niveles de salarios mínimos que han sido ajustados de forma fraccionada.
Otro asunto lamentable aquí es que, tanto el Gobierno como los “sindicalistas” llamados a proteger los derechos de los trabajadores, anuncian esos ajustes como conquistas o logros, cuando en realidad no están en los niveles que se informa y que, a su vez, distorsionan los cálculos para medir la “reducción” de la pobreza cuantitativa en el país.
