A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 98% de las unidades productivas del país, y generan el 38% del producto interno bruto (PIB), la gran mayoría permanece en la informalidad. Esto responde a una realidad difícil de ignorar: regularizarse en República Dominicana resulta tan costoso y complejo, que para muchas pequeñas empresas sería una sentencia de muerte.
Uno de los principales obstáculos es la carga fiscal y regulatoria que enfrentan. Las mipymes deben lidiar con un esquema tributario que absorbe entre el 35% y el 45% de sus beneficios, incluyendo un 27% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 18% del ITBIS y los compromisos mensuales con la Tesorería de la Seguridad Social. Esto se agrava con la contabilidad formal y las auditorías exigidas. Además, los servicios públicos deficientes -energía eléctrica, agua, transporte e internet- encarecen sus operaciones.
Otro peso importante es el cumplimiento de normas como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, la Ley de Seguridad Social y diversas regulaciones municipales o sectoriales.
Además, los grandes clientes institucionales -gobierno central, ayuntamientos, hospitales, contratistas y supermercados- suelen pagar con una demora de 60 a 120 días, afectando el flujo de caja de las Mipymes, que deben recurrir a préstamos con intereses altos para sobrevivir.
En este entorno, asegurarse es un lujo. Las Mipymes, muchas de las cuales operan en sectores de alto riesgo (alimentación, transporte, comercio informal, talleres, manufactura ligera), son precisamente las más vulnerables a siniestros y pérdidas.
Sin embargo, no pueden acceder a seguros porque las aseguradoras están obligadas a exigir formalidad completa: RNC activo, cumplimiento de ley de lavado, registros contables, contratos laborales, pagos a la TSS, entre otros. Además, las primas suelen ser altas en proporción a los ingresos del microempresario.
Una propuesta de política pública sería la formalización progresiva.
Urge una reforma estructural para una formalización progresiva, asistida y diferenciada para las mipymes. Algunas medidas concretas podrían incluir:
1. Un régimen fiscal simplificado con tasas fijas reducidas y pago único mensual para las Mipymes que facturan por debajo de un umbral determinado.
2. Seguro empresarial subsidiado parcialmente para micro y pequeñas empresas que se registren y se mantengan al día en un régimen simplificado.
3. Moratoria fiscal y laboral de entre 12 y 24 meses para nuevos emprendedores que decidan formalizarse, con exención del pago de ISR o ITBIS durante ese tiempo, mientras reciben capacitación y acompañamiento técnico.
4. Leyes diferenciadas para el cumplimiento normativo, como una versión simplificada de la Ley de Lavado o procedimientos más ágiles ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Seguros.
5. Pago oportuno a proveedores Mipyme desde el Estado mediante plataformas digitales y fondos de garantía de pago, para evitar el ciclo de deuda bancaria innecesaria.
La formalidad debe dejar de ser una carga imposible y pasar a ser una oportunidad de crecimiento. Si el país desea seguir creciendo con inclusión, debe comprender que no hay desarrollo posible sin el fortalecimiento real y sostenible de las Mipymes.
El momento de actuar es ahora. La voluntad política, combinada con sensibilidad y visión estratégica, puede convertir a las Mipymes en uno de los motores más dinámicos del desarrollo dominicano.
