El presidente Luis Abinader dejó entrever que el Código de Trabajo, tras haber perimido en el Congreso Nacional, será reintroducido por el Poder Ejecutivo en la legislatura que comienza el 16 de agosto y que un mes después la pieza podría ser aprobada.
También se refirió al Código Penal, que se conoce en la legislatura extraordinaria convocada por él, y apuntó que “vamos a esperar lo que venga” del Congreso.
“El proyecto laboral estaba consensuado un 90 o un 95%, y los trabajadores y el Gobierno estaban de acuerdo en que no se tocaría la cesantía, los empresarios estaban conscientes de eso, pero solicitaron que se estudiaran cuidadosamente otros artículos”, apuntó el presidente en su habitual rueda de prensa de los lunes.
En ese orden, refirió que se “puede” reintroducir el proyecto el 16 de agosto y que pasado un mes considera que debe ser aprobado.
En cuanto al Código Penal no adelantó sobre su postura cuando se aprueba la iniciativa, como prácticamente han señalado los legisladores, y más bien se refirió a su familia, que no está de acuerdo en el que la reforma mantengan la penalización del aborto.
“Mi familia es muy independiente, las niñas (sus tres hijas), que no son tan niñas, tienen su propio criterio y me siento orgulloso de eso. Siempre las he incentivado a que piensen por ellas mismas, aunque no estemos de acuerdo en un 100 por ciento en tal o cual tema, eso es positivo”, respondió.
La esposa de Abinader, Raquel Arbaje, junto a sus hijas Graciela, Esther y Adriana, figuran entre las más de mil firmantes de una carta abierta que rechaza la aprobación del nuevo Código Penal en su versión actual, alegando que representa “graves retrocesos” en materia de derechos humanos.
El documento, dirigido directamente al mandatario, fue suscrito por activistas, profesionales, académicos, periodistas, juristas, organizaciones sociales y ciudadanos preocupados por el impacto ético y social que tendría esta legislación.
Entre las principales preocupaciones, la carta denuncia una “tipificación extremadamente limitada del feminicidio”, que solo reconoce tres circunstancias, dejando fuera numerosos casos de violencia letal contra mujeres. Asimismo, se advierten barreras probatorias en casos de violencia intrafamiliar que invisibilizan agresiones graves y contradicen estándares internacionales.
Otro punto crítico señalado en la carta es la prescripción de delitos sexuales, incluso en casos de incesto o violación de niñas, lo que, según los firmantes, favorece el silencio y la impunidad.
Además, el texto condena la exclusión absoluta de las tres causales mínimas para el aborto —riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación o incesto— una postura que, afirman, pone en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas en el país.
Sin embargo, el Senado de la República aprobó el Código Penal sin la despenalización del aborto, mientras que los diputados estudian el proyecto tras no estar de acuerdo con el contenido de la totalidad de los artículos aprobados por los senadores.
Si el proyecto sufre modificaciones en la Cámara de Diputados tiene que volver a estudio del Senado.
