La economía del interior dominicano enfrenta un obstáculo silencioso pero devastador: la precaria gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como académico universitario especializado en prevención de riesgos laborales, he analizado los datos oficiales y la realidad es alarmante. Estamos ante una crisis que compromete no solo vidas humanas, sino la competitividad económica de nuestras provincias y sus municipios.
La Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI) del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana opera con apenas 23 analistas para supervisar 31 provincias y 158 municipios.
Esta desproporción matemática revela una verdad incómoda: la mayoría del territorio nacional, especialmente el interior, funciona en “zonas ciegas” donde el cumplimiento de normativas de seguridad es prácticamente inexistente.
Para las empresas del interior, esto representa una ventaja competitiva falsa y peligrosa, basada en la elusión de costos de seguridad que eventualmente se materializan en accidentes costosos. Desde la perspectiva de gerencia financiera, aun con el subregistro característico de todas las estadísticas laborales oficiales de nuestro país, los números son contundentes. En 2024, República Dominicana registró más de 50,000 accidentes laborales, resultando en costos tanto directos como indirectos que drenan la productividad nacional.
El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) desembolsó más de RD$740 millones solo en la región del Cibao para gastos médicos y subsidios. Estos recursos, destinados a compensar accidentes, representan capital perdido que pudo haberse invertido en crecimiento económico, innovación y desarrollo del interior.
La paradoja es evidente: tenemos un sistema bien financiado para gestionar consecuencias, pero deficiente para prevenir causas.
Menos del cinco por ciento de las empresas registradas están certificadas en mecanismos de seguridad laboral. Esta realidad genera un riesgo moral perverso donde los empleadores, especialmente en el interior, externalizan los costos de accidentes al sistema de seguridad social, eliminando incentivos para invertir en prevención.
El marco regulatorio agrava esta situación. El Decreto 522-06, nuestro principal instrumento legal en seguridad laboral, cumplirá pronto dos décadas sin modificaciones sustanciales.
Fue concebido en un contexto económico y tecnológico diferente, antes de la masificación del teletrabajo, la economía de plataformas y la integración de inteligencia artificial en procesos productivos. Las empresas del interior, muchas de ellas adoptando nuevas tecnologías y modalidades de trabajo, operan en un vacío normativo que compromete su sostenibilidad económica a largo plazo.
La actual reforma del Código de Trabajo representa una oportunidad perdida. Mientras se discuten aspectos importantes como teletrabajo y licencias, la seguridad laboral brilla por su ausencia en la agenda legislativa. Esta omisión es económicamente miope, pues ignora que la seguridad laboral es un factor crítico de competitividad empresarial y atracción de inversiones.
Para el desarrollo económico nacional y en especial del interior, la seguridad laboral debe conceptualizarse como inversión estratégica, no como gasto operativo. Las empresas que implementan sistemas robustos de prevención experimentan menor rotación de personal, mayor productividad, reducción de costos por ausentismo y mejor reputación corporativa. Estos beneficios son especialmente relevantes para las empresas que operan en pueblos del interior del país, donde la retención de talento y la atracción de inversiones son desafíos constantes.
Las recomendaciones son claras desde mi perspectiva académica y financiera. Primero, la DGHSI requiere una expansión sustancial de personal y recursos, con presencia efectiva en todas las provincias. Segundo, es urgente actualizar el marco regulatorio, incorporando nuevas modalidades de trabajo y riesgos emergentes. Tercero, El Idoppril debe reorientar su enfoque hacia la prevención proactiva, estableciendo incentivos financieros para empresas que demuestren excelencia en seguridad laboral.
La seguridad y salud en el trabajo no es un lujo para economías desarrolladas; es un prerrequisito para el crecimiento económico sostenible. El interior dominicano merece un entorno laboral que proteja a sus trabajadores y fortalezca su competitividad económica. La inversión en seguridad laboral es, fundamentalmente, una inversión en el futuro económico de nuestras provincias.
