En República Dominicana, la alta tasa de accidentes de tránsito, la congestión vial, el crecimiento del parque vehicular y la falta de opciones de un transporte colectivo eficiente, representan un desafío para el Gobierno en materia de seguridad vial. Para 2023, el país registró un total de 84,304 accidentes de tráfico, resultando 121,850 víctimas lesionadas, 3,128 fallecimientos, y 8 muertes diarias en promedio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa al país entre los más peligrosos del mundo con una tasa de 67.23 por cada 100,000 habitantes. Establece que los traumatismos por accidentes de tránsito constituyen un grave problema de salud pública y la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años.
La mayor parte de los vehículos registrados pertenecen al Distrito Nacional con un 29.4%, Santo Domingo 16.2% y Santiago de los Caballeros con un 8.1%, respectivamente, según la data de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El Estado dominicano declaró de alto interés la “seguridad vial” en todo el territorio nacional mediante el Decreto 656-24, busca ofrecer soluciones y mitigar los problemas del tránsito y reducir la mortalidad por accidentes en un 50% para 2030. Asimismo, plantea diferentes iniciativas como, un Plan formativo sobre conducción y sobriedad, restricción de giros a la izquierda, gestión horaria en vías principales, una red semafórica optimizada, y regulación del estacionamiento, entre otras.
Durante el panel “Liderando el cambio: progresando en seguridad vial a través de la educación y prevención”, el ministro sin cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascensión, expresó que la etimología de la palabra ‘accidente’ proviene del latín accidere, y hace referencia a algo que sucede de forma inesperada. Sin embargo, añadió que los especialistas en tránsito deben replantear este concepto.
Cuestionó si realmente se considera fortuito cuando una persona bajo los efectos del alcohol, se causa daño a sí misma o perjudica a terceros. Manifestó que, desde su perspectiva este tipo de situaciones deben ser clasificadas como “fortuitas” y que no estén contenidas dentro del término “accidente”.
Ascensión dijo que, este concepto debe ser revisado no solo desde la óptica de los expertos, sino también en el marco de la actual revisión del Código Penal en República Dominicana. Agregó que no debería juzgarse con el mismo criterio a una persona que, de manera imprudente causa pérdidas humanas, que a quien se ve involucrado en un evento fortuito como, el estallido de una llanta o una falla mecánica inesperada.
Enfatizó que los siniestros viales constituyen, después de las enfermedades cardiovasculares, la segunda causa más frecuente de fallecimientos en el país. Aclaró que la seguridad vial representa una verdadera crisis y un reto para la salud pública, por lo que se requieren políticas urgentes, coordinación interinstitucional y un compromiso continuo tanto del Gobierno como de la ciudadanía.
Conductores
El comportamiento y las decisiones de los conductores, peatones y pasajeros tienen un impacto directo en la seguridad vial del país. Esta realidad se refleja en las reacciones de la ciudadanía frente a las recientes iniciativas para mejorar el tránsito en la ciudad.
Expresiones como “de camino a Puerto Rico porque no se puede doblar a la izquierda”, “waze y google maps salieron del grupo”, “eso no va a resolver el problema del tránsito” y “eliminar un tapón, haciendo otro tapón”, son solo algunas muestras del sentir colectivo.
Desde su experiencia como conductor del transporte público, “Roberto”, asegura que las medidas implementadas han sido percibidas de forma negativa, ya que debieron aplicarse con mayor anticipación. Señaló que, al ponerse en marcha en este momento, muchas personas se sienten incómodas por la falta de información previa.
“La cantidad de vehículos en circulación es excesiva. No se trata de decirle a la gente que no compre vehículos, pero lo cierto es que el parque vehicular de República Dominicana está saturado. Todavía hay millones de personas aspirando a tener un vehículo, lo que empeora más la situación”, sostuvo.
De su lado, “Manuel”, chofer de distribución del sector privado, declaró que la prohibición de girar a la izquierda ha sido una mala decisión. Comentó que, como repartidores, se ven obligados a dar más vueltas, lo que se traduce en pérdida de tiempo y retrasos en las entregas.
Mientras que, “Wilman”, conductor, expuso que actualmente la situación es más complicada y que confía en que estas iniciativas contribuirán a solucionar los problemas del tránsito. Para él, la raíz del problema radica en la falta de educación vial y fiscalización lo que pone en riesgo la seguridad de todos en las vías.
Educación
La educación y la concientización son herramientas fundamentales para erradicar esta epidemia que cobra la vida de millones de personas. Una ciudadanía bien informada y comprometida se traduce en la construcción de una cultura vial positiva, un comportamiento más responsable y un mayor respaldo a las políticas de seguridad en las calles.
En ese sentido, la directora de la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial), Maximiliana Manzueta, destacó que se debe lograr que la población comprenda la importancia de la formación técnica, como medio para disminuir las altas cifras de los siniestros viales.
Afirmó que la ciudadanía debe diferenciar que cualquiera puede ser un chofer, pero no todos pueden ser conductores. Detalló que los conductores conocen la Ley 63-17 de “Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, saben cómo reaccionar ante distintas situaciones, respetan las señalizaciones, ceden el paso cuando corresponde y distinguen cuándo deben o no incorporarse a una vía.
Consideró que el panorama a futuro del “Plan de Gestión del tráfico” es alentador, ya que percibe un interés masivo por parte de la gente, que comienza a comprender cómo las normativas establecidas pueden beneficiar al país y reducir los taponamientos que lamentablemente afectan a todos.
Informó que la educación es clave para el éxito de los lineamientos ejecutados. Indicó que actualmente están presentes en 52 municipios del país con jornadas de capacitación, aunque la meta es alcanzar todo el territorio nacional.
Por su parte, el director de Seguridad Vial del Intrant, William Galván, agregó que el reto que enfrenta República Dominicana es, cultural. Dijo que existe una conducta vial violenta, y por tal razón, es uno de los mayores desafíos, impulsar un cambio de mentalidad a través de la educación. Aclaró que apuestan por la transformación de la cultura vial desde la conciencia ciudadana.
Fiscalización
La fiscalización vial garantiza la seguridad, el orden y la eficiencia del tránsito en el país. Asimismo, permite prevenir infracciones como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del teléfono móvil al volante y el irrespeto por las señales de tráfico, entre otras conductas de alto riesgo.
El presidente de la Fundación Movilidad vial Dominicana (Movido), Manuel Jiménez, aseguró que la fiscalización efectiva y garantizar la continuidad de las acciones ejecutadas por el Estado, son los principales retos que enfrenta el Plan RD se mueve. Puntualizó que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) deberá mantener la presencia constante en los puntos clave, debido al bajo nivel de cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos.
Subrayó que República Dominicana persiste una cultura de falta de continuidad, donde los proyectos se inician, sin embargo, no se les da el seguimiento adecuado. Añadió que las normativas establecidas enfrentan una lucha constante, ya que terminan en descuido. “Llega un nuevo gobierno y dice esto no funciona; Entra un nuevo funcionario en el mismo gobierno y dice esto no funciona, entonces, es un problema”, contó a este medio, Jiménez.
Dijo que, a nivel global, los giros a la izquierda son factibles. No obstante, expresó que el éxito de la iniciativa dependerá de varios factores, como la habilitación de retornos operacionales, una mayor eficiencia del transporte público colectivo, el impulso de la movilidad sostenible y activa, así como una adecuada orientación y la fiscalización en las vías.
Sanciones
Las medidas correctivas no se limitan a sancionar simplemente, sino que buscan mitigar los problemas que contribuyen a la siniestralidad en las calles. En ese aspecto, para el primer trimestre del 2025, se registraron un total de 576,821 infracciones a nivel nacional, lo que representa un crecimiento de un 26 %, respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos recientes de la Digesett.
Dentro de las faltas más comunes figuran, el no uso del caso protector, con (174,600) multas, transitar sin licencia o vencida, con (60,030), transitar sin seguro o vencido, con (56,579), respeto a las señales del semáforo “luz roja”, con (38,565), y no usar el cinturón de seguridad, con (25,662) sanciones, entre otras.
Las infracciones menos comunes se encuentran transportar pasajeros en vehículos fúnebres, la responsabilidad del propietario de animales, y el uso del freno de emergencia, por mencionar algunos.
En cambio, se documentaron 21 delitos por transportar pasajeros en vehículos fúnebres, para el mismo periodo del año anterior.
El vocero y coronel, de la Digesett, Rafael Tejeda Baldera, explicó que la sanción a la violación de “no giró a la izquierda” constituye una infracción sujeta al costo actual de las multas y que las mismas no ha tenido variación hasta el momento.
Indicó en cuanto a las estrategias puestas en marcha, que no han presentado situaciones de dificultad y que los cambios en su inicio producen reacciones y cierta resistencia. Precisó que los conductores han mostrado una buena recepción y adaptación a la medida que prohíbe girar a la izquierda en la avenida Lope de Vega y sus tres intersecciones. Según sus palabras, la ciudadanía está acatando la disposición y el tránsito se ha notado más fluido en la zona.
De su lado, Galván señaló que el Intrant propuso al Poder Ejecutivo y al Senado una propuesta sobre la distribución de los recursos recaudados por multas de tránsito. Consideró que más del 90% de los fondos van a la Procuraduría General de la República, por lo que, plantea una división equitativa de un 25 % para cada entidad, donde se incluyen los gobiernos locales, la Digesett, el Intrant y la Procuraduría.
Galván detalló que parte del problema es la falta de consecuencias contundentes. Citó, por ejemplo, las estaciones de combustible con expendio de bebidas alcohólicas en carreteras, donde es común que los conductores compren y transporten botellas abiertas en el asiento, cuando lo correcto sería guardarlas en el baúl. Estableció que es un reflejo de la cultura permisiva, que se debe cambiar en el país.
Recordó que este cambio cultural solo será posible mediante “educación y fiscalización”, pero también con sanciones contundentes. Reiteró que debaten un régimen de consecuencia real como sanciones económicas que duelan en el bolsillo, la privación de libertad cuando corresponda, y un marco normativo fortalecido que permita actuar con firmeza.
Licencia por puntos
La licencia por puntos es un sistema que otorga al conductor un saldo de 20 puntos. A medida que comete infracciones de tránsito, se le van descontando puntos hasta llegar a cero. En ese caso, la licencia será suspendida y solo podrá ser habilitada nuevamente mediante la participación en cursos de sensibilización y reeducación vial.
Galván, dijo que, para controlar las reincidencias, con una de las herramientas que ya tiene la Ley 63-17 es la licencia por puntos. La idea es que cada infracción no solo conlleve una sanción económica, sino también una penalidad moral a través de la pérdida de puntos.
“Este es un modelo probado en otros países y será fundamental para frenar a quienes violan las normas de forma reiterada”, puntualizó. Galván lamentó que actualmente existan personas con 30, 40 y hasta 50 multas sin pagar, lo cual debilita la autoridad.
“Hacemos el trabajo de fiscalización, pero si no hay consecuencias, no hay impacto real. Por eso, urge intensificar las labores para aplicar este sistema con mayor eficacia”, agregó el funcionario.
Alternativas
La búsqueda de soluciones efectivas a las problemáticas sociales forma parte de un compromiso común como ciudadanos responsables. En ese contexto, el experto en tránsito y seguridad vial, Aníbal Germoso, explicó que promover el uso de un transporte público, colectivo y eficiente, y desincentivar el uso del transporte individual, entre las soluciones reales para reducir la congestión vehicular en la cuidad.
“Las medidas ejecutadas por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Gabinete de Transporte por sí solas no resolverán el caos existente”, expresó Germoso a elDinero.
Indicó que, frente al crecimiento acelerado del parque vehicular, es necesario invertir en un sistema de transporte público eficiente que actualmente no existe en la cuidad y que para lograr la medida deben incentivar las diferentes opciones de movilidad urbana, como el metro, los autobuses y el tranvía en el futuro, entre otros. Enfatizó en que pueden convertirse en los medios habituales de movilidad para que la población se desplace a sus hogares, trabajos y centros de estudio, entre otros lugares.
El transporte multimodal implica el uso de diferentes modos de transporte, como carreteras, ferrocarril, marítimo y aéreo, entre otros. En ese sentido, el creador de la plataforma “Accidentes RD” dijo que la medida debe estar acompañada de una expansión real del transporte multimodal y de una campaña extensa de concientización que integre no solo información, sino incentivos para el uso del transporte público en el país.
Impacto económico
El tránsito desorganizado y la falta de seguridad vial tienen un alto costo económico: reducen la productividad, elevan el gasto público en salud y deterioran la calidad de vida de la población. En ese aspecto, el economista, Richard Medina, expresó que el problema del tráfico genera costos indirectos, como un mayor consumo de combustible y una creciente demanda de divisas para importar petróleo.
Sugirió que el Gobierno debe construir nuevas líneas de metro y habilitar más corredores de autobuses en Santo Domingo para descongestionar el tránsito. Agregó que, mientras no exista una opción de transporte masivo y público, las personas buscarán soluciones individuales.
Medina detalló que cualquier medida adicional solo sirve de paliativo temporal, no de solución definitiva y que cualquier proyecto de reducción de tapones debe incluir un plan maestro de sistema de movilidad masiva.
Asimismo, añadió que es muy pronto conocer el impacto económico de las acciones ejecutadas, que se debe esperar el retorno a clases previsto para finales de agosto.
