En República Dominicana, iniciar un proyecto productivo puede ser un recorrido burocrático que consume meses o incluso años. Licencias, permisos ambientales, registros sectoriales y autorizaciones municipales forman un laberinto de trámites que encarece y retrasa la inversión. En un contexto de competencia regional por atraer capital, esta permisología lenta es un obstáculo silencioso y costoso.
El Banco Mundial, en sus indicadores de clima de negocios, ha señalado que la duración y complejidad de los procesos administrativos incide en la competitividad. No son solo lo requisitos, sino de la falta de plazos vinculantes y de respuestas oportunas por parte de la administración pública.
El concepto de “silencio administrativo positivo” ofrece una solución probada en otros países. Bajo este principio, si la autoridad no responde dentro de un plazo legal establecido, se presume que la solicitud ha sido aprobada. Así, el incentivo para la administración es resolver en tiempo, y para el sector privado es cumplir de forma completa y transparente los requisitos.
La adopción de este mecanismo no significa eliminar controles ni relajar estándares. Al contrario, obliga a las instituciones a modernizar procesos, digitalizar expedientes y definir criterios claros de evaluación. El objetivo es garantizar que los plazos sean razonables y que la inacción no se traduzca en un freno al desarrollo económico.
En sectores como construcción, energía y turismo, el costo de los retrasos se mide en millones de dólares y en oportunidades perdidas. Un hotel que demora un año adicional en obtener permisos pierde una temporada alta completa. Lo mismo ocurre con plantas de energía renovable que podrían estar generando electricidad y empleo, pero esperan autorizaciones.
En la región, países como Chile, Colombia y México han incorporado el silencio administrativo positivo para trámites específicos, logrando acortar plazos y reducir la discrecionalidad. Estas reformas no eliminaron la supervisión estatal, pero sí obligaron a las autoridades a responder con celeridad.
En nuestro país, avanzar hacia este modelo requeriría una ley que establezca los procedimientos, plazos y excepciones, y que vendría a modificar la Ley 107-13, entre otras normas. No todos los permisos pueden estar sujetos al silencio positivo: por ejemplo, aquellos que involucren riesgos ambientales graves o seguridad nacional. Pero sí podría aplicarse a la mayoría de las licencias de operación, registros y habilitaciones sectoriales.
La reforma debería ir acompañada de un sistema de trazabilidad digital, que permita al solicitante conocer en tiempo real el estado de su expediente. Además, sería clave definir responsabilidades administrativas para los funcionarios que incumplan los plazos.
Implementar el silencio administrativo positivo enviaría una señal clara a los inversionistas: el país está comprometido con un entorno de negocios ágil y predecible. También fortalecería la institucionalidad, al obligar a las agencias públicas a cumplir sus propios procedimientos. La permisología no puede seguir siendo un cuello de botella, y adoptar un marco legal moderno ayudará a multiplicar el flujo de capital y acelerar el crecimiento económico.
