La Administración Trump confirmó en las últimas horas el runrún que resonaba en todo el sector tecnológico estadounidense: el Gobierno considera adquirir una participación del 10% del fabricante de chips Intel, convirtiéndose -si se materializa la maniobra- en su mayor accionista.
Sin embargo, lo que para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es una operación para “ayudar a estabilizar la producción de chips de la empresa en Estados Unidos”, para el titular de Comercio en EE.UU., Howard Lutnick, el fin último es obtener un retorno de las subvenciones concedidas por la Ley de Chips de 2022.
Y es que el Ejecutivo estadounidense se plantea convertir parte o la totalidad de las ayudas de Intel en acciones de la compañía a través de esa norma.
Esta empresa estadounidense que fue pionera en semiconductores ha quedado rezagada en la fabricación de los diminutos componentes electrónicos que alimentan las pujantes industrias de los teléfonos móviles y la inteligencia artificial (IA), superada con holgura por rivales como la taiwanesa TSMC, Samsung o Nvidia, entre otras.
De ahí que, en favor de esta Ley de Chips, que contó con apoyo bipartidista dentro del mandato de Joe Biden, fuese seleccionada como la mayor beneficiaria de esta iniciativa con una subvención total de unos US$10,500 millones, que debían devolverle competitividad y hacer que EE.UU. recuperara el resuello en la carrera por la fabricación de semiconductores comerciales y militares.
Intel había recibido US$2,200 millones en subvenciones hasta enero y, a falta aún de más detalles sobre la operación, no se ha concretado si estos se incluirían en la posible participación accionarial o si la empresa ha conseguido mayores desembolsos desde que Donald Trump asumió el cargo en enero.
“Una incursión más en la gestión de empresas privadas”
Pero la maniobra que pretende ahora la Administración Trump supone ir un paso más allá, según el influyente The Wall Street Journal (WSJ), que publicó un contundente editorial contra la operación, calificándola como “nacionalización de facto de la empresa de semiconductores, histórica pero en crisis”.
“La participación en Intel, si se concreta, sería una incursión más de la Administración Trump en la gestión de empresas privadas (…) Esto es estatismo corporativo, y rara vez termina bien. El control político frena la innovación y la inversión, ya que los gerentes buscan la aprobación de sus superiores gubernamentales”, desgranó la influyente cabecera.
WSJ citó otros ejemplos previos como la adquisición de U.S. Steel por parte de Nippon Steel, en la que la Administración Trump exigió una ‘acción de oro’ que otorga al gobierno poder de veto sobre cierres de plantas y despidos; además de, por otra parte, permitir que Nvidia y AMD exporten chips de ordenadores a China desde EE.UU. siempre y cuando le cedan una comisión del 15% de lo que ingresen.
Un posible acuerdo ‘made in Trump’
A expensas de que se concrete el acuerdo, pues Intel aún no ha confirmado públicamente la operación, ésta se viene desarrollando al más puro estilo Trump.
El mandatario se reunió la semana pasada con el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, tras haber pedido poco antes su dimisión por un supuesto conflicto de intereses derivado de unas inversiones del ejecutivo en empresas chinas.
No obstante, tras la cita personal con Tan, Trump cambió radicalmente de opinión y alabó el “éxito y ascenso” del consejero delegado, del que dijo que había tenido “una trayectoria increíble”.
Ocho días después, ayer martes, la Administración Trump confirmó los rumores y planea hacerse con el 10 % de Intel.
En un día, en el que también se anunció que el conglomerado japonés Softbank invertirá US$2,000 millones en Intel, que cerró la última sesión en Wall Street con un avance del 7%.
Intel registró pérdidas de US$18,800 millones el año pasado y US$3,800 millones durante los primeros seis meses de este. También recortó 15,000 empleos en 2024 y contempla otro tijeretazo de más de 20,000 en 2025.
