En República Dominicana, como en cualquier sociedad democrática, los ciudadanos gozan de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Sin embargo, muchas veces olvidamos que esos derechos están íntimamente ligados a deberes que también debemos cumplir. Exigir sin aportar, reclamar sin asumir, se ha convertido en una práctica común que debilita la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
La Constitución dominicana, en su artículo 75, establece claramente los deberes fundamentales de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran el respeto a las leyes, la participación en la vida democrática, el pago de impuestos y la colaboración con las autoridades. Estos deberes no son simples formalidades: son pilares que sostienen el funcionamiento del Estado. Cuando los ciudadanos cumplen con sus obligaciones, adquieren mayor legitimidad para exigir transparencia, eficiencia y justicia por parte de quienes administran los recursos públicos.
Tomemos como ejemplo el pago de impuestos. Es común escuchar quejas sobre el mal uso de los fondos públicos, pero ¿cuántos de nosotros cumplimos con nuestras obligaciones fiscales de manera íntegra? El sistema tributario no solo financia obras y servicios, sino que también representa un contrato social: al contribuir, el ciudadano tiene derecho a demandar calidad en la gestión pública. Pero si ese contrato se rompe desde el lado ciudadano, ¿con qué autoridad moral exigimos que el Estado cumpla su parte?
Otro terreno donde se evidencia esta desconexión entre deber y derecho es el tránsito. Las calles dominicanas son testigo diario de infracciones cometidas por ciudadanos que luego, al ser detenidos por agentes de tránsito, apelan a la “oportunidad”, al “cuento” o a la evasión. Queremos orden, pero no respetamos las señales. Queremos seguridad, pero no usamos el cinturón. Queremos justicia, pero no aceptamos la multa. Esta actitud no solo pone en riesgo vidas, sino que perpetúa una cultura de irresponsabilidad que mina la autoridad del Estado.
La responsabilidad ciudadana no es una carga, sino una herramienta poderosa. Cuando los ciudadanos actúan con conciencia, el Estado se ve obligado a responder con mayor seriedad. La participación, el respeto a las normas, el compromiso con lo colectivo, son formas de construir una democracia más sólida. No se trata de obedecer ciegamente, sino de entender que los derechos no se sostienen en el vacío: necesitan del compromiso de todos.
En definitiva, reclamar derechos sin asumir deberes es como querer cosechar sin sembrar. La Constitución nos da el marco, pero somos nosotros quienes debemos llenarlo de contenido con nuestras acciones cotidianas. Si queremos un Estado más justo, más transparente y eficiente, debemos empezar por ser ciudadanos más responsables. Solo así podremos exigir con legitimidad y transformar nuestra sociedad desde adentro. Particularmente, no creo que haya otra forma de llamar a ser un ciudadano responsable.
