El Gobierno dominicano promulgó el Decreto 522-06 el 17 de octubre de 2006, estableciendo el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que adoptó formalmente los 20 elementos del International Safety Rating System (ISRS) en su sexta edición como fundamento de los programas de seguridad y salud ocupacional.
Sin embargo, a casi dos décadas de su implementación, la realidad evidencia un divorcio profundo entre los preceptos originales de Frank Bird Jr. y las mejoras desarrolladas por DNV-GL versus la práctica regulatoria dominicana.
El ISRS, concebido por Bird como una metodología integral de administración moderna de la seguridad y control de pérdidas, representa mucho más que una lista de 20 elementos a cumplir.
Su filosofía se fundamenta en la comprensión sistémica de la causalidad de los accidentes, donde la falta de control gerencial constituye la causa básica primordial de todos los incidentes. Esta perspectiva requiere una transformación cultural organizacional que trasciende el mero cumplimiento administrativo para adentrarse en la gestión proactiva del riesgo.
La problemática fundamental radica en que el Decreto 522-06, aunque menciona los 20 elementos del ISRS como requisitos obligatorios, carece de orientaciones para elaborar los estándares de desempeño específicos y los protocolos de implementación que permitan una aplicación efectiva del sistema. Esta omisión ha generado una interpretación superficial donde las organizaciones cumplen formalmente con documentos y procedimientos, pero ignoran la esencia metodológica que subyace a cada elemento.
La ausencia de formación especializada del personal del Ministerio de Trabajo en los fundamentos del ISRS agrava esta situación. Sin una comprensión profunda de conceptos como el ciclo ISMEC (Identificar, Establecer, Medir, Evaluar, Corregir), el modelo de causalidad múltiple, o los principios de los pocos críticos vitales, resulta imposible evaluar adecuadamente el desempeño real de los programas de seguridad. Esta deficiencia formativa se traduce en supervisiones que privilegian la existencia documental sobre la efectividad operacional.
Los Términos de Referencia emitidos por la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI) del Ministerio de Trabajo en 2013 evidencian esta desconexión conceptual. Mientras que el ISRS de DNV-GL enfatiza la medición del desempeño mediante indicadores proactivos y la evaluación continua de la efectividad de los controles, los requerimientos dominicanos se limitan frecuentemente a aspectos procedimentales que no capturan la esencia preventiva del sistema. Esta divergencia ha resultado en programas que satisfacen formalmente las exigencias regulatorias pero fallan en su propósito fundamental de prevenir pérdidas.
La metodología original de Bird establece que la administración efectiva de la seguridad requiere la aplicación sistemática de técnicas gerenciales probadas a los problemas de control de pérdidas accidentales. Esta perspectiva demanda una comprensión profunda de la relación entre causa y efecto en la génesis de los accidentes, donde cada elemento del ISRS funciona como un componente interconectado de un sistema integral de gestión.
La ausencia de protocolos específicos de implementación ha propiciado interpretaciones divergentes y aplicaciones inconsistentes del sistema.
Elementos críticos como la investigación de accidentes e incidentes, la inspección planeada, o el análisis de tareas críticas, se ejecutan frecuentemente sin la rigurosidad metodológica que caracteriza al ISRS auténtico. Esta situación compromete la capacidad del sistema para generar la información necesaria para la toma de decisiones basada en evidencia.
La realidad dominicana refleja una paradoja donde la adopción formal de uno de los sistemas de gestión de seguridad más avanzados del mundo coexiste con resultados de desempeño en seguridad y salud ocupacional que no corresponden al potencial del marco regulatorio establecido.
Esta incongruencia sugiere que la mera adopción normativa de sistemas internacionales, sin la correspondiente transferencia de conocimiento y capacidad técnica, resulta insuficiente para generar los cambios culturales y operacionales requeridos.
La superación de esta problemática demanda una revisión integral del marco regulatorio que incluya el desarrollo de protocolos específicos de implementación para cada uno de los 20 elementos del ISRS.
Estos protocolos deben incorporar los estándares de desempeño cuantitativos y cualitativos que permitan una evaluación objetiva de la efectividad del sistema, así como criterios claros para la progresión entre los diferentes niveles de madurez del programa.
La formación especializada del personal regulatorio constituye otro pilar fundamental para cerrar esta brecha conceptual. La capacitación debe abarcar no solamente los aspectos técnicos de cada elemento, sino, además, la filosofía subyacente de la administración moderna de la seguridad que fundamenta el ISRS.
Solo mediante esta comprensión integral será posible supervisar efectivamente la implementación del sistema y brindar la asistencia técnica requerida para su correcta aplicación. La experiencia dominicana con el Decreto 522-06 ofrece lecciones valiosas sobre los desafíos inherentes a la adopción de marcos regulatorios avanzados en contextos donde la capacidad técnica institucional no acompaña la ambición normativa.
Después de casi 20 años, resulta imperativo reconocer estas limitaciones y emprender las acciones correctivas necesarias para materializar el potencial preventivo que representa una implementación auténtica del ISRS en el contexto dominicano.
Ante esta realidad, corresponde a la Sociedad Dominicana de Expertos en Prevención de Riesgos Laborales (Sodoprela) asumir el liderazgo técnico que la situación demanda.
La organización debe convocar a sus expertos más calificados para elaborar un protocolo integral de implementación de los veinte elementos del ISRS, desarrollado como una norma técnica nacional que establezca estándares claros de desempeño y metodologías específicas de aplicación.
Este instrumento técnico serviría simultáneamente como base fundamental para auditar la efectividad real de los sistemas de gestión empresariales del país y como herramienta de capacitación especializada tanto para los prevencionistas de las empresas como para los analistas de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial, cerrando definitivamente la brecha conceptual que ha caracterizado estas dos décadas de implementación deficiente del marco regulatorio dominicano.
