Los costos asociados al reasentamiento de los habitantes de las comunidades afectadas con la construcción de la presa de colas, sin la cual Barrick Pueblo Viejo no podría operar más allá de 2030, en realidad son asumidos por el Estado dominicano. En este caso, el monto superará los RD$20,000 millones.
Así lo informó el ministro de Energía y Minas (MEM), Joel Santos Echavarría, en entrevista con elDinero. “Es lo que establece el acuerdo original firmado entre la minera y el Gobierno dominicano”, dijo el funcionario. “La empresa paga todo el proceso de reubicación, pero ese costo luego se va amortizando en una cantidad de años”, agregó tras aclarar que ahora hay un proceso abierto para determinar en cuánto tiempo se irá amortizando esa inversión de los ingresos que deje la operación para el país, es decir, del pago de impuestos.
“Se está en proceso, precisamente, de definición de la firma de un acuerdo. Pero lo que establece la ley o el acuerdo que el Gobierno firmó con la Barrick originalmente, es que el Gobierno tiene que asumir los gastos de reubicación; los tiene que pagar la empresa, pero se van amortizando en una cantidad de años y que son los temas que están por definirse”, explicó.
Detalles
El proyecto de reasentamiento implicaba una inversión de US$340 millones en la construcción de al menos 700 viviendas, que incluye, además, escuelas, acueductos, calles, centros de salud, mercado, cementerio, lotes agrícolas para subsistencia, programas de acompañamiento psicosocial y generación de ingresos.
Serían 2,285 personas las reasentadas. A la fecha hay un 61% de las personas que han aceptado las nuevas condiciones. Sobre las razones que llevaron a agregarle alrededor de US$70 millones a la inversión estimada originalmente para el reasentamiento, que serían alrededor de RD$20,000 millones, el ministro explicó que el proceso de renegociación implicó una revalorización de los cultivos y de los terrenos. Esto se hizo, aclaró, para que se pudiese remunerar a las personas de la manera más justa posible.
A manera de justificación, Santos Echavarría refirió que los estimados que se hicieron de los costos de los cultivos y las tierras fueron de años anteriores. Mencionó los posibles cambios por inflación, indicando que uno de esos rubros fue el cacao, cuya cotización ha variado significativamente.
En todo caso, el hecho de que se haya podido hacer el acuerdo a tiempo, permitirá que la Barrick Pueblo Viejo pueda, de una manera más acelerada, trabajar en lo que será la futura presa de colas.
Otras de las justificaciones que ofrece el funcionario es que, sólo para que la población tenga una idea, el estimado que tenía el Gobierno dominicano este año de ingresos por las operaciones de Barrick era de US$190 millones, pero que ahora serían de US$458 millones. “Esto quiere decir que ya el estimado es de US$268 millones más de lo que originalmente se estimó. El Gobierno perdía diariamente US$1 millón por cada día que se retrasaba ese acuerdo”, explicó.
Santo Echavarría reconoce la importancia de la presa de colas, que no es más que un depósito de relaves donde se depositan los materiales inertes del proceso minero, que previamente han sido neutralizados por la empresa que opera en la provincia Sánchez Ramírez.
Proceso
Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo amigable, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo.
A principios de junio de este año se dio la noticia: Barrick Pueblo Viejo y los habitantes de las comunidades a ser reasentadas llegaron a un acuerdo, poniendo fin a las protestas que protagonizaron en demanda de mejores condiciones, a propósito de los planes de reasentamiento y compensación por las tierras y cultivos afectados.
Se logró con la intervención del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; del senador por la provincia Sánchez Ramírez y presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, y del obispo de La Vega, Tomás Morel Diplán, en representación de las comunidades. El ministro de Energía y Minas (MEM) participó en nombre del Gobierno.
Las protestas que terminaron con el acuerdo entre las partes comenzaron el 22 de enero de este año, cuando cientos de personas marcharon en las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. Líderes religiosos y campesinos exigían que Barrick respetara las normativas internacionales de reasentamiento.
El pico del conflicto fue en febrero con nuevas convocatorias y bloqueos de carreteras por parte de algunos reclamantes propietarios de bienes en la zona. Hubo incidentes que dejaron personas heridas, incluyendo un sacerdote, por lo que fue necesario mediar.
Beneficiarios
Los habitantes de las comunidades reasentadas recibirán viviendas dignas de 100 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños, títulos de propiedad para cada familia, lotes de 1.5 tareas para proyectos de subsistencia.
Entre las infraestructuras comunitarias están: acueducto, calles asfaltadas, iglesias, áreas recreativas, escuela inicial, politécnico, guardería, mercado, cementerio y salones comunales.
Escuela primaria tendrá capacidad para 400 estudiantes.
El plan beneficia a más de 700 familias de seis comunidades: El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Tres Bocas, El Naranjo y Lajas. Barrick lo presenta como un proceso planificado y participativo, con enfoque en mejorar la calidad de vida y garantizar medios de vida sostenibles, cumpliendo estándares internacionales.
