Nos quieren vender una reforma tributaria disfrazada de solución, pero que en realidad no arregla nada. Es la misma receta de siempre: cargar con más impuestos a quienes ya sostenemos el peso del Estado, la clase media y los pobres. Una reforma que no se atreve a meter la mano en el gasto, que ignora los desórdenes financieros y que solo piensa en recaudar. Eso no es una reforma fiscal: es un parche. Y los parches, por más que maquillen la herida, jamás construyen futuro.
El país necesita una transformación integral, no más improvisaciones que nos lleven al mismo círculo de desigualdad. Además, el sector empresarial que solicita al gobierno una nueva regularización de trabajadores haitianos indocumentados debe entender que la clase media dominicana y los sectores más empobrecidos ya no soportan más cargas impositivas sin una evaluación previa del gasto público y una justificación de su eficiencia.
Ya lo vivimos en 2014: el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) drenó alrededor de RD$2,650 millones de nuestros impuestos —más de 50 millones de dólares—. Sin embargo, la migración irregular continúa como si nada. Ese derroche no puede repetirse. La salida es simple y de justicia elemental: que el empresariado que se beneficia de esa mano de obra asuma el costo de su regularización, bajo la estricta supervisión del Estado. Solo entonces podremos hablar de una solución justa, sostenible y que libere a la clase media y a los más pobres de seguir cargando con una factura que no les corresponde.
En su visita más reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió la estabilidad económica de la República Dominicana y reconoció los avances logrados por las autoridades. Sin embargo, dejó una advertencia nítida: ese visto bueno no es un cheque en blanco. El verdadero desafío radica en emprender reformas estructurales de fondo, lograr consensos para una reforma fiscal y reducir los subsidios generalizados.
República Dominicana se encuentra ante una disyuntiva crítica: optar por el recurso inmediato de un parche tributario —capaz de incrementar la recaudación en el corto plazo, pero sin atender las causas estructurales del problema— o emprender una reforma fiscal integral, progresiva y legítima.
El debate central no debería concentrarse en la cuantía de lo que se pretende recaudar, sino en los mecanismos y finalidades del proceso recaudatorio: garantizar que quienes poseen mayor capacidad contributiva asuman una proporción más elevada de la carga fiscal y que el gasto público social se distribuya con criterios de eficiencia y justicia, llegando efectivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El problema de fondo es claro: los ingresos públicos siguen siendo limitados, y la carga tributaria recae, sobre todo, en quienes sí cumplen: asalariados, pymes y consumidores. Como advierte Ferreiro Lapatza (2013), “la justicia tributaria no se logra solo con suficiencia recaudatoria, sino con un diseño impositivo que respete la capacidad económica de los contribuyentes y garantice la igualdad material”. No basta recaudar más; importa cómo. Sin un rediseño estructural, cualquier aumento consolidará desigualdades en vez de corregirlas.
La progresividad fiscal no es un lema, es técnica. Se construye con escalas de tasas crecientes, mínimos exentos que protejan a los más pobres y un sistema que grave renta y riqueza mientras reduce la carga sobre el consumo básico. Para lograrlo, es imprescindible ampliar la base impositiva y eliminar privilegios que erosionan la recaudación y profundizan la inequidad. Como advierte Díaz de Sarralde (2020), “muchos beneficios fiscales superan incluso el costo de la evasión”. Suprimirlos fortalecería las finanzas públicas y la legitimidad del sistema.
La evasión, sin embargo, sigue siendo el cáncer del modelo: el ITBIS pierde más del 40% de su potencial y el impuesto sobre la renta empresarial es ampliamente burlado. Diseñar impuestos progresivos no basta si los grandes contribuyentes eluden sus responsabilidades. La respuesta es clara: fiscalización rigurosa, cruce de datos y sanciones efectivas que conviertan la progresividad formal en real.
La comparación internacional lo demuestra. En los países de la OCDE, la progresividad tributaria y el gasto social reducen la desigualdad en hasta 20 puntos del coeficiente de Gini. En América Latina, en cambio, la reducción es mínima, y en República Dominicana casi inexistente: el Gini apenas cae de 0.45 a 0.43 tras impuestos, con una presión fiscal de solo 13% del PIB, muy por debajo del promedio regional (22%) y de la OCDE (34%). El sistema excluye a gran parte de la población, mientras los impuestos al consumo castigan con fuerza a los más vulnerables.
El argumento de que gravar más a los ricos espanta la inversión carece de sustento. La evidencia muestra que hay margen para aumentar su aporte sin frenar el crecimiento, siempre que los recursos se inviertan en educación, salud e infraestructura. De hecho, las sociedades más igualitarias son más estables y atractivas para invertir. Incluso el FMI y la OCDE reconocen hoy que la progresividad fiscal es un antídoto frente a la desigualdad.
En el caso dominicano, la disyuntiva no es solo económica, sino también política y social. Mientras las élites aporten proporcionalmente menos y la carga tributaria siga recayendo sobre la clase media y los sectores vulnerables, la cohesión social se debilita. El Tribunal Constitucional dominicano ha recordado este principio: están proscritos los tratamientos tributarios diferenciados sin justificación válida (sentencia TC/0075/13). La equidad no es opcional: es mandato constitucional.
La conclusión es inequívoca: otro parche tributario no resolverá los problemas estructurales. Repetir la fórmula de subir impuestos indirectos para financiar gastos extraordinarios —como el PNRE— solo traerá más descontento y menos legitimidad. Lo responsable es avanzar hacia una reforma fiscal integral y progresiva.
La reforma debe apoyarse en tres pilares fundamentales:
- Reducir las exenciones e incentivos fiscales ineficientes.
- Combatir con rigor la evasión y la informalidad.
- Rediseñar los principales impuestos para que la progresividad funcione en la práctica.
En concreto, esto implicaría ampliar la base del impuesto sobre la renta personal incorporando a quienes hoy evaden pese a tener capacidad contributiva; revisar el ITBIS, ampliando su base gravable, pero con compensaciones para los más pobres; y fortalecer la tributación sobre el patrimonio y las herencias en la cúspide de la distribución del ingreso.
República Dominicana exige un cambio de paradigma urgente. No basta con recaudar más; necesitamos una Hacienda Pública justa, capaz de convertirse en el pilar que devuelva legitimidad al contrato social, cierre las brechas de desigualdad y trace el camino hacia un país más equitativo, cohesionado y verdaderamente próspero.
