La conversación sobre la reforma fiscal regresa periódicamente al debate nacional, y esta vez parece inevitable. El Gobierno enfrenta presiones simultáneas: mantener estabilidad macroeconómica, financiar obras y programas sociales, y responder a una población que exige servicios públicos de mayor calidad. Pero antes de discutir tasas, exenciones o nuevos tributos, conviene preguntarnos qué tipo de Estado estamos financiando.
Una reforma fiscal es, por definición, un proyecto político que refleja prioridades colectivas. No se trata únicamente de recaudar más, sino de hacerlo de forma justa, eficiente y sostenible. Si la discusión se limita a aumentar ingresos sin evaluar la estructura y desempeño del gasto, hay riesgo de reproducir los mismos problemas con más dinero.
En nuestro país, una buena parte del sistema tributario descansa sobre pocos contribuyentes formales. El peso de los impuestos indirectos, como el ITBIS, tiene efectos regresivos que afectan más al consumidor de bajos ingresos. Al mismo tiempo, la multiplicidad de exenciones e incentivos fiscales no han sido sujetos a una evaluación rigurosa de su retorno económico y social.
La revisión de los incentivos fiscales debe hacerse con criterios técnicos y no ideológicos. Países competitivos han logrado atraer inversión extranjera manteniendo incentivos, pero condicionados a desempeño medible: empleo, exportaciones, innovación y encadenamientos productivos. La clave está en la transparencia y la rendición de cuentas, no en eliminar o preservar incentivos por inercia.
Por otro lado, la eficiencia del gasto público es un elemento crucial para la legitimidad de cualquier reforma. La ciudadanía está más dispuesta a contribuir cuando percibe que sus impuestos se traducen en servicios de calidad y en infraestructura que mejora su vida cotidiana. La falta de ejecución eficiente y los gastos duplicados reducen el impacto real del presupuesto.
Una verdadera reforma fiscal debe ir acompañada de una reforma administrativa y regulatoria del Estado. Digitalizar procesos, simplificar permisos, fortalecer compras públicas y profesionalizar el servicio civil no son lujos, sino condiciones para que cada peso recaudado produzca valor público.
El equilibrio entre sostenibilidad fiscal y crecimiento económico requiere una visión de largo plazo. Aumentar presión tributaria sin mejorar competitividad puede desalentar inversión privada y empleo formal, afectando la base imponible que se busca ampliar. La meta debe ser una economía más productiva, no un Estado más grande.
La discusión pública necesita menos consignas y más análisis. No se trata de “cobrar más” o “cobrar menos”, sino de diseñar un sistema tributario coherente con el modelo de desarrollo que queremos. Un pacto fiscal debe ser, antes que todo, un pacto de confianza entre ciudadanos, empresas y Estado.
El país tiene una oportunidad histórica de modernizar su arquitectura fiscal y administrativa. Aprovecharla requiere liderazgo político, evidencia técnica y una conversación honesta sobre prioridades nacionales. La reforma fiscal será recordada como un avance o como un retroceso, según la visión de Estado que decida acompañarla.
