De acuerdo con datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), los delitos ambientales constituyen una de las actividades ilícitas más lucrativas, ocupando el tercer lugar en el mundo, solo por detrás del tráfico de drogas (US$344,000 millones) y las falsificaciones (US$288,000 millones). República Dominicana no es ajena a este flagelo.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), al cierre de 2024 el país recibió un total de 2,911 denuncias ambientales. El 32% de estas, realizadas a través de la Línea Verde del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), correspondió a la región Ozama. Es decir, el Gran Santo Domingo registró la mayor cantidad de estos delitos, con un total de 940 denuncias formales.
El gasto en planificación, gestión y supervisión de la protección del medioambiente, como proporción de la protección de la biodiversidad y la ordenación de desechos, alcanzó el pasado año los RD$11,433.21 millones. De esa cantidad, RD$6,964.41 millones correspondieron a la protección de la biodiversidad y la ordenación de desechos, y RD$4,468.80 millones a planificación, gestión y supervisión, conforme a datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef).
“En 2024, el gasto destinado a la planificación, gestión y supervisión de la protección del medioambiente representó el 64.17% del gasto total en protección de la biodiversidad y gestión de desechos”, señala el informe gubernamental titulado “Protección, gestión y participación ambiental”.
A Santo Domingo y al Distrito Nacional le siguen Santiago, con un total de 344 denuncias; La Vega, con 174; Espaillat, con 173 delitos ambientales; San Cristóbal, con 134; Valverde, con 122; Puerto Plata, con 104; Azua, con 102, y Samaná, con 94 denuncias ambientales. En tanto, las provincias con menor número de denuncias registradas son San José de Ocoa (10), Hermanas Mirabal (13), Pedernales (22), Hato Mayor (22) y Elías Piña (23).
El documento, basado en datos de Mimarena, indica que un elemento importante es la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones para denunciar a través de estos mecanismos.
Esfuerzos conjuntos
El Poder Judicial dominicano reconoce que, si bien el país ocupa el puesto 104 de 180 en el Índice de Desempeño Ambiental (2024), a pesar de albergar una significativa biodiversidad, se están realizando avances institucionales para fortalecer la justicia ambiental. La base legal, establecida en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, ha comenzado a aplicarse con mayor rigor, como lo demuestra el aumento del 12% en las sentencias firmes por delitos ambientales desde 2022, según la Procuraduría General.
Asimismo, señala que la colaboración entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, técnicos ambientales y comunidades locales ha sido clave para la obtención de sanciones en casos relevantes, como la extracción ilegal de arena en el río Yaque del Norte. Subraya, en su portal institucional, que este trabajo conjunto se perfila como una herramienta efectiva para la protección de los ecosistemas y para abordar los impactos directos de los crímenes ecológicos en la población, como la salinización de acuíferos en Montecristi o la disminución de ingresos por la pesca con explosivos en Pedernales.
Además, indica que, para hacer frente a estos complejos procesos, las instituciones judiciales están incorporando cada vez más peritos y evidencia científica, con el fin de que las decisiones estén mejor fundamentadas técnicamente.
Tipo de delito ambiental
El informe de la ONE señala que, por medio de la Línea Verde, en 2024 las denuncias vinculadas a la gestión ambiental, los recursos forestales y los recursos costeros y marinos experimentaron ligeras disminuciones porcentuales en comparación con 2023. En cuanto a suelos y aguas, áreas protegidas y biodiversidad, se registró un aumento de 5.72 y 1.59 puntos porcentuales, respectivamente.
La contaminación atmosférica representa el 32.09% del total de denuncias. Seguida de la deforestación de bosques (17.4%), contaminación sónica (10%), 9.2% otras denuncias, que contempla la extracción de material de la corteza terrestre, extracción ilegal de agregados en cuerpos hídricos, comercio y tenencia de fauna en peligro y/o amenazadas, limpieza y nivelación ilegal de terrenos, entre otras. Residuos sólidos y construcción ilegal, el 9.1% y 9%, respectivamente.
Respecto a los incendios forestales, el documento subraya que en 2024 hubo una reducción en el número de incendios registrados con relación a 2023: bajaron de 863 a 419, es decir, 444 menos. La mayor disminución se produjo entre enero y abril, con una reducción de 729 a 308 incendios (-57.75%). Los terrenos afectados se estimaron en 99,525 tareas.
