El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), establecido mediante la Ley 87-01, no contempló la cobertura para los asegurados en el régimen contributivo en los casos de daños por accidentes de tránsito. Dada esa situación, el Gobierno debió crear el Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat).
Este fondo va por cuenta del Estado y es para garantizar el servicio médico a los afiliados en el régimen contributivo, a menos que se trate de un accidente de tránsito de camino o regreso de su centro de trabajo, con lo cual calificaría como accidente laboral y sería cubierto por el seguro de riesgos laborales del Idoppril, con recursos que se alimentan de un aporte exclusivo de los empleadores con el 1% del salario de cada empleado y con un tope de hasta cuatro salarios mínimos.
Sin embargo, las estadísticas oficiales no solo indican que alrededor del 70% de los accidentes de tránsito en el país involucra a motociclistas o “motoristas”, sino, además, que la mayoría de estos conductores de dos ruedas trabaja en la informalidad, es decir, que no cotizan a la seguridad social. Esto así, porque forman parte del 53% del total de trabajadores informales en República Dominicana (solo el 47% está en formalidad, según el Banco Central).
El punto es que, dados los altos niveles de informalidad entre los motociclistas, su falta de cobertura y la necesidad de evitar que sigan representando un elevado costo directo para el Estado, lo ideal sería aplicar una medida que abarque varios de esos elementos pendientes en el sistema de protección social de los ciudadanos.
Para eso, el Gobierno puede poner en marcha la aplicación del cobro de un monotributo por parte de las empresas informales, que inicialmente no sea como pago de impuestos, sino como aporte para la cobertura del seguro de riesgos laborales para los trabajadores informales, entre ellos los motociclistas en el país.
Se puede establecer, con base en el 1% del salario mínimo promedio establecido, que actualmente es de RD$21,674.80, lo cual sería un aporte mensual de RD$216.74 por cada trabajador. Así, el fondo acumulado por el Idoppril para riesgos laborales recibiría más recursos que se pueden usar como cobertura de los servicios que hayan de recibir esos trabajadores cuando tengan accidentes laborales, incluida la protección de posible pensión por discapacidad y pensión por sobrevivencia para sus familiares, en caso de fallecimientos.
De esa forma, el Estado tendría un alivio financiero, pues actualmente todas las coberturas por accidentes laborales en la informalidad son recibidas en hospitales públicos. Pero, además, se beneficiarían los empleadores, ya que no tendrían el riesgo de demanda o de tener que costear los servicios de salud a sus empleados informales cuando sea por accidente laboral.
Ese monotributo puede ser aportado tanto por empleadores en la informalidad, con base en la cantidad de trabajadores que tengan, como por los propios trabadores informales independientes (motoconchos, choferes de carro público, taxistas, mensajeros, entre otros), quienes se podrían registrar en el Idoppril y hacer sus aportes mensuales de forma individual, como cobertura en caso de afecciones y hasta muertes por accidentes laborales, en este caso, en sus medios de transporte.
Este monotributo, que iniciaría solo con el aporte mensual para el seguro de riesgos laborales, con el tiempo, puede irse ampliando hacia un aporte mensual de parte de los empleadores en procura de contribuir con el fisco. Además, también serviría de ensayo para dar pasos firmes hacia la aplicación del “régimen contributivo subsidiado”, una tarea pendiente en la seguridad social.
De esa forma, los trabajadores y empleadores informales aportarían una parte de la contribución a la seguridad social y el Estado cubriría una diferencia. Esto permitiría reducir la cantidad de afiliados en el “régimen subsidiado”, que a septiembre de este año llegaban a 5,698,171 afiliados, todos cubiertos con una cápita pagada 100% por el Estado.
Si se aplicara el régimen contributivo subsidiado, con los informales aportando una parte, el gasto del Estado por ese concepto, que ronda los RD$1,834.6 millones mensuales (la cápita es de RD$321.97), pudiera reducirse en alrededor de la mitad, es decir, unos RD$920 millones.
Todo lo anterior no es tan difícil de aplicar. Solo se requiere que el Gobierno imponga las palabras mágicas: “voluntad política”.
