El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, afirmó que, aunque las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos incorporan mejoras importantes, todavía persisten elementos que pueden afectar la competitividad y generar conflictos con los compromisos comerciales internacionales del país.
Pujols destacó como positivos los cambios que eliminan las incongruencias que afectaban al sector cementero, así como las correcciones a observaciones hechas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), especialmente en lo relativo a evitar estructuras monopólicas regionales y flexibilizar la operación de plantas de valorización en el país.
No obstante, el representante del sector industrial advirtió sobre el incremento de la contribución especial que deben pagar las empresas, al no estar sustentado en estudios técnicos ni de impacto económico que justifiquen la medida.
Adicionalmente, uno de los puntos de mayor preocupación para la AIRD, dijo Pujols, es la prohibición de importación de tapas plásticas. Según explicó, esta disposición “contradice el fomento al ecodiseño que la propia ley promueve y viola acuerdos internacionales asumidos por la República Dominicana ante la OMC, así como el DR-Cafta y el Acuerdo Cariforo-Unión Europea”. Recordó que un porcentaje importante de las tapas plásticas utilizadas por los sectores de alimentos, bebidas y farmacéutica “no se fabrican localmente y son importadas de mercados como Estados Unidos y Europa, lo que dejaría a la industria nacional sin alternativas viables con una prohibición que entraría en efecto en apenas 60 días”.
Asimismo, reiteró la necesidad de impulsar programas de educación y sensibilización ciudadana para el manejo responsable de los residuos sólidos, recordando que tales disposiciones figuran en la ley desde 2020, pero aún no han sido aplicadas. “La solución a la gestión de residuos no puede recaer solo en el sector privado como tampoco puede recaer solo en el sector público; el abordaje de este importante tema requiere una verdadera alianza público-privada y un cambio cultural sostenido”, subrayó.
Finalmente, Pujols llamó a que las modificaciones de la Ley 225-20 permitan combinar la sostenibilidad ambiental con la competitividad industrial, así como con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
