El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva terminará el año 2016 como parte de cinco causas penales abiertas por presunta corrupción, después de que el juez federal Sergio Moro aceptó este lunes unas nuevas denuncias en su contra.
La instauración del quinto proceso contra el expresidente, uno de los líderes políticos con mayor popularidad en Brasil, fue anunciada en vísperas de que, este martes, el Poder Judicial inicie un receso que se prolongará hasta comienzos de febrero, con lo que todos los juicios quedarán pendientes para el año próximo.
En este nuevo caso, la denuncia formulada por la Fiscalía está centrada en supuestos fraudes en la adquisición de un terreno para el instituto fundado por el exmandatario y de un ático vecino a su residencia particular, en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
Lula ya respondía en calidad de procesado en otros cuatro juicios por supuesta corrupción, el último de los cuales fue instaurado el pasado viernes por un juez de Brasilia, bajo los cargos de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Ese proceso se refiere a supuestos sobornos que habría recibido Lula de empresas del sector automotriz a cambio de aprobar, durante el ejercicio de su mandato, numerosos incentivos fiscales en favor de esa industria.
Pero también incluye denuncias sobre supuestas maniobras que Lula habría hecho para favorecer a la empresa sueca Saab en un concurso para la compra de 36 cazabombarderos en la que también participaban la francesa Dassault y la estadounidense Boeing y que finalmente se decantó en favor de la firma del país nórdico.
Ese negocio fue cerrado por un valor de 5.400 millones de dólares y, según sospecha la Fiscalía, tanto el exmandatario como uno de sus hijos y algunos allegados recibieron abultados sobornos por haber intervenido para favorecer a la empresa sueca.
Los abogados de Lula, quienes sostienen que el exmandatario es objeto de una “persecución política”, han negado las acusaciones en todos los casos y hoy volvieron a rechazar en forma enérgica los nuevos cargos aceptados por el juez Moro, responsable de investigar la trama corrupta descubierta en la estatal Petrobras.
En una nota difundida hoy, la defensa del exgobernante reiteró su tesis de que la investigación en la petrolera “se ha convertido en una persecución contra Lula”, que “tiene como objetivo impedir que sea candidato (a la presidencia de Brasil) en 2018”.
En la nueva causa abierta por el juez Moro, junto con Lula han sido incluidos en calidad de procesados su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva; el exministro de Hacienda Antonio Palocci y el abogado Roberto Teixeira, uno de los defensores del exmandatario en otros procesos, así como otras cinco personas.
Entre ellas está Marcelo Odebrecht, expresidente de la importante constructora identificada por su apellido y que, al igual que otros 76 exdirectores de esa empresa ha acordado colaborar con la Justicia y revelar detalles sobre la trama corrupta que operó en Petrobras.
En el caso del terreno y el ático que sientan a Lula por quinta vez en el banco de los reos, se sospecha que fueron adquiridos a nombre de testaferros con dinero de Odebrecht que, en realidad, era producto de sobornos pagados al exmandatario por su intermediación en contratos obtenidos por esa empresa con la petrolera estatal.
La información obtenida por la Fiscalía sobre la base de los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht fue remitida hoy al magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del Supremo y quien deberá decidir sobre la validez jurídica de esas delaciones.
Esas declaraciones están bajo un estricto secreto judicial, pero informaciones obtenidas por la prensa local aseguran que pueden tener un “devastador” impacto en la política nacional.
Según diversos medios de comunicación, habrían sido delatados y precisados con lujo de detalles los sobornos pagados por la compañía a unos 200 políticos a cambio de su intermediación en la obtención de contratos con Petrobras y otros organismos y empresas públicas.
Entre ellos, además de Lula, estarían el actual mandatario brasileño, Michel Temer, varios de sus ministros e influyentes parlamentarios que forman parte de su base política.
