Por: Jochi Vicente
Desde 2017 los tramos del impuesto sobre la renta (ISR) aplicables a los asalariados en República Dominicana se han mantenido congelados, en virtud de lo dispuesto en la ley de Presupuesto General del Estado de cada año.
Cada ejercicio fiscal incluye un artículo que suspende la indexación automática por inflación, y cada año surge el reclamo por mantener dicha suspensión.
¿Por qué no se ajustan los tramos si los salarios y el costo de vida han aumentado? La respuesta está en la estructura del impuesto, en el nivel de exención vigente y en la comparación regional.
El mínimo exento dominicano es muy alto
Nadie quiere pagar impuestos, pero estos son la contribución necesaria para sostener un Estado funcional y una democracia estable. Lo razonable es que cada uno aporte según su nivel de ingresos.
Sin embargo, la gran mayoría de asalariados no paga ISR. Con el mínimo exento actual, alrededor del 78% de los trabajadores formales no aporta nada al fisco. Es decir, solo uno de cada cinco asalariados contribuye.
Cuando una exención cubre a casi toda la masa salarial, no tiene lógica económica seguir ampliándola. Ajustar los tramos por inflación solo mantendría —o ampliaría— el número de exentos, reduciendo aún más la base imponible y, por tanto, la recaudación.
Comparar no siempre determina la política fiscal correcta, pero sí ayuda a ponerla en perspectiva. En América Latina no existe un estándar único sobre cuánto se debe exonerar a los asalariados, aunque los datos muestran que República Dominicana es particularmente generosa.
Países como Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Paraguay y Perú no tienen tramos exentos: todo ingreso tributa desde el primer peso o dólar.
El análisis regional indica que siete países en América Latina mantienen tramos exentos superiores al dominicano. No obstante, esos países aplican tasas marginales máximas promedio de 30%, bastante más altas que la tasa marginal máxima dominicana del 25%.
Esto significa que República Dominicana combina una alta exención inicial con una tasa marginal baja, configurando un sistema que recauda menos por asalariado que la mayoría de sus pares. En ese contexto, ampliar la exención mediante indexación erosionaría aún más la base tributaria.
Si de verdad se quiere hacer una reforma de la tributación de las personas físicas, la conversación no solo puede gravitar sobre que vamos a exonerar. Hay que hablar que se va a aumentar también.
Tasas efectivas de tributación
Una cosa es la tasa marginal, y otra muy distinta la tasa efectiva, que es lo que realmente pagan los asalariados después de aplicar las exenciones y escalas.
Los datos muestran que:
80% de los trabajadores paga 0% de ISR (exentos).
10% paga en promedio una tasa efectiva de 2%.
En conjunto, la tasa efectiva promedio del universo de contribuyentes es apenas de 6%, aunque la tasa marginal máxima sea del 25%.
En resumen, menos del 20% de los asalariados financia casi todo el ISR laboral. Cualquier ajuste automático de los tramos reduciría el aporte de ese grupo, afectando la progresividad y el equilibrio fiscal.
La no indexación desde 2017 responde a una decisión deliberada de mantener el nivel de exención actual para no seguir estrechando la base tributaria.
En un país donde tres de cada cuatro asalariados no pagan ISR, donde las tasas efectivas son bajas y donde la presión fiscal total sigue por debajo del promedio regional, la prioridad no ha sido ampliar exenciones sino fortalecer la recaudación.
Indexar los tramos sin una reforma integral solo profundizaría la asimetría entre quienes pagan y quienes no, reduciendo aún más el espacio fiscal del Estado.
