El Segundo Juzgado de Instrucción de la Romana dictó la primera sentencia a nivel nacional que acoge la venta anticipada de bienes incautados, que corresponden, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en la denominada Operación Guepardo, informó este viernes el Ministerio Público.
Los bienes fueron incautados en el proceso que se siguió a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva por su vinculación al caso.
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con la finalidad de resarcir a las víctimas cuando un tribunal ordene un decomiso.
La organización criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En la investigación se estableció que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12 millones.
Los bienes puestos en venta de manera anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para simular el trabajo de construcción del complejo.
El Ministerio Público señaló que la venta anticipada busca evitar que los bienes perecederos se dañen o se deterioren, por lo que serán vendidos de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, una legislación que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
La principal cabecilla de la estructura delictiva junto a Yves Alexandre Giroux, se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
Durante las indagaciones se incautaron bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, además de vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
