En octubre de este 2025, el Banco Central reportó que el producto interno bruto (PIB) se había expandido en un reducido 2.2% durante el periodo enero-septiembre, lo que indica una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía en relación con el año inmediatamente anterior, cuando se expandió un 5.2% acumulado en igual periodo.
De hecho, se destaca que la economía dominicana se situará, en términos de desempeño económico, por debajo de la mayoría de las economías latinoamericanas cuando finalice el año que transcurre.
La caída del sector construcción se presenta como una de las causantes de la ralentización del ritmo de crecimiento del PIB dominicano, al este acumular una variación interanual de -2.0% hasta finales de septiembre, lo mismo que el turismo debido a la disminución en el flujo de visitantes aéreos, especialmente de Estados Unidos y Canadá.
De manera particular, también, se argumenta que una de las causas de la disminución en el crecimiento del PIB se debe a la insuficiente inversión de capital que realiza el gobierno, disminuyendo el efecto multiplicador que tiene esta variable sobre la economía.
Los datos que se tienen, de manera preliminar, es que la inversión en infraestructura (educación, salud, agua y saneamiento, construcción de carreteras, entre otros) es menos de la mitad de lo que era hace 30 años. Por igual, el deslizamiento de la tasa de cambio durante los meses de agosto y septiembre, lo mismo que las fluctuaciones de esta durante los primeros nueves meses de este año generaron preocupación entre los agentes económicos, pues su comportamiento sobrepasó los históricos en términos de las mencionadas fluctuaciones.
Sin deseos de que se perciba como una exageración interpretativa, es obvio que para algunos la desaceleración de la economía dominicana puede generar cierto morbo político y, más aún, alentar el hecho de que la culpa es del gobierno, sobre todo buscando ganancia de causa de cara a los comicios del 2028. Pero, independientemente de las condiciones internacionales y los motivos domésticos que estén provocando la ralentización de la economía dominicana, surge la pregunta: ¿A quién beneficia que se caiga el PIB? ¿Quién disfruta que las cosas vayan mal con las actividades productivas? Las respuestas a estas interrogantes podrían ser simples, en principio, pero no definitivas.
Cuando las economías se desaceleran, los ciudadanos suelen asumir que “todos pierden”: empleo más escaso, precios más altos, empresas con menor actividad y gobiernos con menos recursos fiscales. Sin embargo, la realidad es más compleja. En cada crisis emergen actores que, por diseño institucional, por posición estratégica o por capacidad de adaptación, pueden beneficiarse -directa o indirectamente- de que la economía vaya mal.
Identificar estos incentivos no implica asumir conspiraciones, sino comprender las dinámicas de poder que configuran la economía política contemporánea. En periodos de recesión, la caída en los precios de activos -desde inmuebles hasta empresas en dificultades- abre oportunidades para actores con liquidez. A esto se denomina “comprar en fuego”, a bajo costo, aprovechando los escenarios de crisis.
En definitiva, entender quién gana en tiempos de crisis no es culpar, sino interpretar la arquitectura de incentivos que moldea nuestras economías y, a partir de ello, diseñar sistemas más equilibrados y resilientes.
