El Gobierno del presidente interino de Perú, José Jerí, instaló el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, que reúne a todos los poderes del Estado, gobiernos locales y sector privado, para preservar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases de un crecimiento económico responsable, frente a la proyección de crecimiento de 3.3% para 2026.
Este acuerdo se firmó en el Palacio de Gobierno con la expectativa de tener un espacio de diálogo y articulación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionalmente autónomos, el sector privado, los gremios, la academia y la sociedad civil para construir un consenso fiscal de continuidad.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, declaró que “la sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, es una condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el bienestar de las familias peruanas”.
“Este acuerdo reafirma que cuidar las finanzas públicas es cuidar el futuro del país”, indicó.
El compromiso estableció tres líneas de acción prioritarias, que incluyen la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, con una gestión prudente de los recursos públicos y respeto al equilibrio presupuestal.
Asimismo, la eficiencia y calidad del gasto público, orientada a mejorar servicios esenciales, priorizar inversiones de alto impacto y fortalecer la gestión de las empresas del Estado.
Además la ampliación progresiva y sostenible de la base tributaria, mediante mayor la formalización, la lucha contra la evasión y la racionalización de exoneraciones.
El ministerio de Economía y Finanzas, a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), será responsable de articular el diseño, implementación y seguimiento de las medidas acordadas, con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas.
La primera etapa del acuerdo, entre enero y febrero de 2026, estará dedicada a la presentación de aportes y al desarrollo de mesas de trabajo convocadas por el CNCF en las que las instituciones participantes contribuirán con propuestas para materializar las líneas de acción.
La segunda, prevista para marzo y abril de 2026, se enfocará en la definición de una hoja de ruta, a partir de la sistematización de propuestas se diseñará una agenda de medidas concretas y se incorporarán acciones específicas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
Finalmente, desde mayo de 2026, se iniciará la tercera etapa, destinada a garantizar la continuidad y el seguimiento del Acuerdo Fiscal. Esta etapa contemplará la adhesión de las nuevas autoridades elegidas en los comicios generales de abril próximo y el monitoreo permanente de los compromisos asumidos, con el objetivo de asegurar su cumplimiento y permanencia en el tiempo.
