Bolivia vivió un 2025 marcado por una crisis económica iniciada años atrás, pero que terminó de agudizarse por la persistente falta de dólares y combustibles que dispararon la inflación, y que, además, fue determinante para el viraje político hacia el centro tras casi dos décadas de la izquierda en el poder.
La falta de divisas registrada desde 2023 ya se sentía en las restricciones a las transacciones bancarias en esa moneda y su encarecimiento en el mercado paralelo, donde el dólar este año llegó a costar 20 bolivianos frente a una cotización oficial de 6.96, fija desde 2011.
Las consecuencias se hicieron aun más evidentes en la elevada inflación, que entre enero y noviembre llegó a 19.69%, y en el desabastecimiento de combustibles que se volvió crónico, un problema que el Gobierno de Luis
Arce (2020-2025) atribuyó a la falta de dólares por el “bloqueo” del anterior Legislativo a los créditos externos.
A esto se sumó el declive del sector de hidrocarburos, que hasta hace unos años fue el sustento de la economía boliviana, pero cuyas exportaciones entre enero y octubre alcanzaron los US$945.4 millones, un 34% menos que en el mismo periodo de 2024.
Otros indicadores fueron el déficit comercial de US$521 millones registrado entre enero y octubre y unas reservas internacionales de US$3,277 millones hasta el 2 de diciembre, de los que apenas US$75 millones son divisas y la mayoría es oro.
El Gobierno de Arce entregó el poder el pasado 8 de noviembre asegurando que dejaba una “economía estable”, ante lo cual las nuevas autoridades advirtieron que recibieron un país “devastado” y con un “mar de deudas” y de “corrupción” por los que responsabilizó al Ejecutivo saliente y a la Administración de Evo Morales (2006-2019).
Ruptura de la izquierda
Este año también estuvo marcado por la ruptura del Movimiento al Socialismo (MAS), por la pelea entre Arce y Morales por el control del partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años y la candidatura para las elecciones generales de este año.
La popularidad de Arce cayó por la crisis de la que el entonces gobernante responsabilizó a Morales, quien intentó forzar su candidatura pese a una disposición constitucional que se lo impide porque ya gobernó el país en tres ocasiones.
Inicialmente, Arce iba a buscar la reelección, pero declinó su candidatura en mayo con un llamado a la unidad de la izquierda, lo que no ocurrió porque, al no poder postular, Morales impulsó el voto nulo y su “heredero” político, Andrónico Rodríguez, participó por su cuenta en las elecciones.
El candidato del MAS fue el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que apenas logró el porcentaje necesario para conservar la sigla.
Hace tres semanas, Arce fue encarcelado preventivamente por cinco meses, investigado por supuesta corrupción en su etapa de ministro en el Gobierno de Morales.
El nuevo Gobierno
La sorpresa de los comicios generales del 17 de agosto fue el centrista Rodrigo Paz Pereira, quien lideró la primera vuelta y luego venció al expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2002-2002) en la inédita segunda vuelta del 19 de octubre, pese a que las encuestas preelectorales lo situaban inicialmente con escaso apoyo.
El político, de 58 años, fue investido presidente ante los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay y una importante delegación de EE.UU., país al que el nuevo Gobierno boliviano se acercó después del alejamiento que hubo durante las Administraciones del MAS.
Además, Paz restableció las relaciones con Israel, rotas por Arce por el conflicto en Gaza, y se distanció de aliados del MAS, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La primera medida fuerte del nuevo gobernante fue el reciente decreto que retiró la subvención a los combustibles que rigió por más de dos décadas y que, según las autoridades, ya era insostenible, una medida resistida por la Central Obrera Boliviana (COB) que fue aliada política del MAS.
Paz tiene una relación tensa con el vicepresidente Edmand Lara desde el triunfo en la segunda vuelta, pues el expolicía considera que lo marginaron del Gobierno, al que critica constantemente y acusa sin pruebas de supuesta corrupción, al punto de declararse en “oposición constructiva”.
