La reorganización del patrimonio de la petrolera estatal peruana Petroperú, ordenada por el Gobierno del presidente interino, José Jerí, para reducir la plantilla y poner a la venta o bajo gestión privada algunos de sus activos, marca un punto de inflexión en la historia de esta empresa, una de las más grandes del país y sumida en millonarias pérdidas.
Si bien el Ejecutivo enfatiza que no se va a privatizar la empresa y que el Estado mantendrá la propiedad sobre ella, la administración transitoria de Jerí, cuyo mandato finaliza en julio, ha encomendado esta misión a la oficina del Gobierno encargada de promover la llegada de inversión extranjera al país.
Graves crisis, con multimillonaria deuda
Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de US$5,350 millones y pérdidas acumuladas de unos US$2,224 millones.
Según el Gobierno, el Estado comprometió 17.888 millones de soles (US$5,327 millones) entre 2022 y 2024 para sostener financieramente a Petroperú, y que solo en 2025 se han honrado garantías por alrededor de US$900 millones.
Los ingresos de la empresa pública, con una plantilla de más de 2,600 trabajadores, cayeron de los US$5,581 millones en 2022 a US$4,009 millones en 2023 y a US$3,527 millones en 2024, mientras que la proyección en 2025 es de obtener US$3,846 millones.
La refinería de US$6,000 millones
El mayor activo de Petroperú es la refinería de Talara, la más grande del país, que en los últimos años fue sometida a una millonaria modernización y ampliación para incrementar su capacidad de procesamiento de 65,000 a 95,000 barriles al día.
La obra fue presupuestada inicialmente en US$2,700 millones, pero el coste final ha sido de US$6,000 millones. Desde un inicio se estableció que Petroperú debía buscar la manera de financiar mediante su actividad la construcción de la nueva refinería, y eso lastró su salud financiera al endeudarse a través de distintos créditos y bonos corporativos.
Petrolera que no produce petróleo
Actualmente Petroperú no produce petróleo y únicamente está dedicada a la importación, refinación, distribución y comercialización de combustibles a escala nacional, con una red de unas 760 estaciones de servicio.
Si bien el Congreso ordenó en 2015 que volviese a la producción petrolera en el Lote 192, el mayor del país, situado en la selva amazónica, la empresa optó por hacerlo con un socio privado, sin encontrar ninguno estable hasta ahora.
Con el Lote 192 paralizado, actualmente solo se extraen unos 45,000 barriles de crudo a nivel nacional. Por ello, se habla que la refinería y el oleoducto, que demanda altos costes de mantenimiento sin apenas actividad, podrían servir a los nuevos campos petroleros que Ecuador piensa establecer en la zona fronteriza.
En manos de especialistas en inversión privada
La reestructuración de la empresa ha quedado en manos de Proinversión, la agencia del Gobierno peruano encargada de promover la llegada de inversión privada al país y de licitar los principales proyectos en diferentes sectores.
A esta oficina se le ha encomendado la misión de reducir la plantilla de trabajadores y de conformar paquetes con los distintos activos, entre ellos posiblemente la refinería de Talara, para previsiblemente buscar gestores privados que hagan más eficiente la operación de la compañía.
