La economía de Venezuela ha sido, durante más de una década, un reflejo de profundas crisis estructurales: caída de la producción petrolera, contracción del PIB, hiperinflación y una crisis social que ha obligado a emigrar a más de nueve millones de venezolanos. La reciente salida de Nicolás Maduro del poder -derivado de la intervención del ejército norteamericano que culminó con su captura a inicios de 2026- abre una nueva etapa de incertidumbre, oportunidades y obstáculos para el rumbo económico del país.
Bajo el periodo chavista y la gestión de Maduro, Venezuela vivió el mayor colapso económico de su historia reciente. El PIB real se redujo drásticamente -se estima que en más de 70% desde 2013- y la hiperinflación destruyó el poder de compra de la población. El bolívar perdió prácticamente su función como medio de intercambio estable, y miles de empresas cerraron u operan por debajo de su capacidad. Previo al 2026, la economía también muestra sectores productivos debilitados: manufactura, agricultura y construcción permanecen paralizados, mientras que el comercio informal y los servicios de subsistencia dominan la actividad.
Bajo este escenario, la salida de Maduro implica una ruptura simbólica y práctica con un modelo que, según analistas internacionales, fue insostenible económica y políticamente. Sin embargo, el cambio de liderazgo no asegura una recuperación instantánea. Probablemente la transición abrirá espacio para reformas, pero también enfrentará el desafío de reconstruir instituciones, atraer inversión y estabilizar variables macroeconómicas fundamentales.
Sin dudas, el país venezolano entre ahora en una encrucijada económica. La industria petrolera -que alguna vez sostuvo su economía- requiere inversiones masivas para recuperar capacidad y garantizar ingresos estables. En un contexto ideal, un marco legal claro y la reducción de sanciones internacionales podría atraer capital extranjero. Analistas estiman que, bajo un escenario de apertura y confianza, la producción podría acercarse a niveles más altos con inversiones en PDVSA y asociaciones con empresas globales. Sin embargo, esto tomaría años y dependería de la resolución de un gigantesco pasivo de deuda externa que supera los US$150 mil millones.
Es obvio que, en el corto plazo, la salida de Maduro no se traducirá en mejoras macroeconómicas, pero se pueden ir sentando las bases para: el fortalecimiento institucional y la creación de un marco regulatorio claro para inversiones; reestructuración de la deuda soberana para liberar espacio fiscal, rehabilitación del sector petrolero, con la administración Trump a la cabeza, diversificación productiva que vaya más allá de los hidrocarburos, y atención social orientada a la inclusión y reducción de la pobreza.
En definitiva, la salida de Maduro representa una oportunidad para reorientar la economía, pero no es una varita mágica que solucione de inmediato sus problemas. La recuperación, si bien posible, será gradual y requerirá el concurso de los agentes económicos del país. En resumen, la economía venezolana entra al 2026 con una fuerte dosis de esperanza y con realidades estructurales que no desaparecerán de la noche a la mañana. El desafío será convertir el cambio político en una transformación económica profunda, sostenida y equitativa; un proceso que, aunque incierto, podría sentar las bases de un nuevo capítulo para el país sudamericano.
