Creo firmemente en el respeto de la soberanía de los pueblos y territorios. El Derecho internacional garantiza la capacidad individual de las personas a tener un espacio en el que puedan desarrollarse, garantizando libertades económicas, sociales, culturales, de empresa, de prensa, de reunión y de respeto a la voluntad emanada de sus ciudadanos. Sin embargo, este concepto no puede ser utilizado como un cheque en blanco para el abuso.
Debe quedar establecido claramente que los derechos humanos siempre estarán por encima del derecho a la soberanía de un pueblo. Es una contradicción ética acudir al principio de “no injerencia” únicamente cuando se trata de proteger a un régimen ilegal, ilegítimo y cruel como el que encabezó Nicolás Maduro en Venezuela.
Defender la soberanía en este caso implica, trágicamente, olvidar la barbarie cometida contra los venezolanos. La soberanía reside en el pueblo, no en el dictador que lo oprime.
Venezuela es el ejemplo más doloroso de una paradoja moderna: un pueblo que posee inmensas riquezas naturales, pero que vive en la miseria absoluta por las decisiones tomadas por sus gobernantes. El país es pobre porque no tiene libertad de empresa ni seguridad jurídica, lo cual demuestra el fracaso rotundo del modelo socialista implementado también en Cuba, Nicaragua y Corea del Norte.
Mientras que naciones como China entendieron hace décadas que la apertura a la inversión y el respeto a la propiedad privada son los únicos motores del crecimiento, Venezuela se ha convertido en la antítesis del progreso, siguiendo el guion de la debacle cubana.
Pero el drama venezolano no es solo un tema de colapso económico; es un desafío geopolítico de primer orden. Sería contraproducente para la estabilidad democrática de la región permitir que sigan ganando espacio las influencias de China y Rusia.
Estas dos naciones, que no respetan la libertad de expresión ni la disidencia en sus propios ciudadanos, ven en la crisis venezolana una oportunidad para expandir un modelo autoritario en Occidente. La libertad de Venezuela no es negociable. Recuperar su democracia significa rescatar la dignidad de sus ciudadanos y frenar el avance de intereses ajenos que solo buscan perpetuar un sistema de control y pobreza.
La verdadera defensa de la soberanía venezolana hoy pasa por exigir el fin de la tiranía y el retorno a las libertades que permiten a una nación prosperar de verdad.
Más allá de los intereses económicos y geopolíticos, en Venezuela hay seres humanos que llevan más de un cuarto de siglo sufriendo atropellos, torturas, pobreza y represión por intentar decidir su futuro en democracia. Casi nueve millones de sus ciudadanos se han visto forzados a salir del país, desarraigándolos de la tierra y de su familia.
Aquí no se trata de ver los intereses de afuera, que los hay, sino de una necesidad imperiosa de sembrar esperanza en los venezolanos de que son dueños de su futuro. Lo mismo debe ser en Cuba.
