Venezuela aclaró que mantiene “el control y la propiedad” de su petróleo tras el histórico acuerdo con Estados Unidos para explotar una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo.
“El control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela”, aseguró la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en una entrevista con el canal privado Venevisión.
El pasado 28 de agosto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el acuerdo, al que describió como el mayor de “la historia mundial”, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.
Dos días después, Trump expresó que es “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”.
Henao dijo este domingo que se trata de “un acuerdo comercial” para que haya inversión y tecnología en su país y que el “regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de (un) suministro confiable de esa energía”.
La alta funcionaria, quien negó que su país pierda la soberanía, anunció también que el acuerdo binacional será presentado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aunque no especificó cuándo.
Según el Gobierno venezolano, el convenio tiene una vigencia de veinticinco años y consiste en el desarrollo de diecisiete campos con un total de 65,000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a los 1.5 millones de barriles por día (bpd).
Henao indicó que actualmente el país produce un promedio de 1,236,000 bpd y que se prevé que llegue a 1.4 millones al cierre de 2026.
En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3.1 millones de bpd de crudo.
Los diecisiete campos del acuerdo fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35%.
Detrás de Nabep está el empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.
