El 2025 ha sido un año bastante malo, el menor crecimiento en décadas, y mucho dolor y pesadumbre para el pueblo. Hemos sumado dos grandes tragedias que nos han marcado y que no podemos olvidar sin que el dolor que nos han infringido, pase desapercibido sin dejar algunas lesiones que nos ayuden a ser mejores ciudadanos. Las decenas de muertos el 8 de abril en el Jet Set, y el desfalco de ARS Senasa, con un balance de muertos y pérdidas económicas, deben ser punto de inflexión, de cambios.
República Dominicana ha mostrado, durante las últimas décadas, un crecimiento económico que muchos países de la región envidiarían. No obstante, ese crecimiento convive con un desorden cotidiano que se expresa en falta de supervisión, en el tránsito caótico, la ocupación irregular de espacios públicos, la informalidad generalizada, el irrespeto a las instituciones y las normas y una preocupante sensación de impunidad.
Uno de los principales aportes del orden y la disciplina es el fortalecimiento institucional. Cuando las normas se aplican de manera previsible y equitativa, las instituciones ganan credibilidad.
En un país donde las reglas cambian según la persona, el apellido o la coyuntura política, la desconfianza se hace norma. República Dominicana no necesita más leyes; necesita que las existentes se cumplan. Creando confianza y la inclusión de la gente en su comunidad, desarrollando actividades, programas, acciones, donde tengan oportunidad de participación.
Desde el punto de vista económico, el orden es un factor de competitividad. La inversión, tanto nacional como extranjera, requiere estabilidad, seguridad jurídica y respeto a los contratos. La informalidad, aunque históricamente ha servido como mecanismo de supervivencia, hoy limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y perpetúa la desigualdad. Un país indisciplinado termina pagando más caro su propio desorden.
Pero quizás el impacto más visible del desorden se manifiesta en la convivencia social. El irrespeto a las normas de tránsito, ruido excesivo, violación de normas municipales y la apropiación privada de lo público generan conflictos diarios que erosionan la paz social. La seguridad ciudadana no se construye solo con policías y cámaras; se construye con cultura cívica, con ciudadanos que entienden que el bienestar individual depende del respeto al bien común. Eliminemos la cultura de “la tragedia de lo común”.
La educación cívica también ha sido relegada. Durante años se ha priorizado la formación técnica, dejando de lado valores esenciales como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad.
Sin educación, el orden solo se sostiene a base de sanciones, y eso nunca es suficiente ni sostenible, debe ir de la mano con la creación de capital social, de instituciones fuertes e inclusivas y políticas sociales sostenibles.
En definitiva, para la República Dominicana, el orden y la disciplina no son un lujo ni una obsesión moralista; son requisitos esenciales del desarrollo. Un país puede avanzar en cifras macroeconómicas, pero sin orden seguirá retrocediendo en calidad de vida.
El verdadero desafío es entender que el orden no se impone únicamente desde arriba, sino que se construye desde abajo, con instituciones coherentes y ciudadanos conscientes de que respetar las normas es, en última instancia, una forma de respetarnos a nosotros mismos, y este 2026, debemos ser proactivos.
