La responsable de fiscalidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Manal Corwin, señaló este martes que el objetivo del impuesto mínimo a las multinacionales, sobre el que se alcanzó un controvertido compromiso anunciado el día 5, no es tanto aumentar la recaudación como eliminar distorsiones entre jurisdicciones.
En un seminario en línea para explicar algunos detalles del dispositivo, Corwin hizo hincapié en que “el objetivo político” es “evitar decisiones de inversión que generen distorsiones” y no tanto incrementar la recaudación.
El acuerdo, en el que están implicados más de 145 países y jurisdicciones, establece un conjunto de reglas para aplicar con carácter general un tipo mínimo del 15% a los beneficios de las empresas multinacionales con una facturación superior a los 750 millones de euros, tengan donde tengan sus sedes y sus negocios.
Se trata de evitar que el desplazamiento de la sede a jurisdicciones que funcionan como paraísos fiscales les permita a esas compañías sacar un beneficio competitivo frente a otras.
El aspecto más controvertido del compromiso es que Estados Unidos consigue una excepción y no tendrá que aplicar a sus empresas ese impuesto mínimo porque se le reconoce como equivalente su propio tipo mínimo, que con la llamada ley Gilti se fijó inicialmente en el 10% y que luego subió al 14%.
Corwin insistió en que el compromiso final, incluido ese reconocimiento de la excepción para Estados Unidos, es resultado de “un entendimiento compartido de que lo que estaba en juego era más importante” que el llamado “Pilar 2” del marco negociador creado por la OCDE.
Ese “Pilar 2” es el que tenía como objetivo fijar un tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que en la práctica acabará aplicándose a todas las otras jurisdicciones, ya que aunque teóricamente otras también podrían acogerse a la misma excepción que Estados Unidos, deberían demostrar que tienen un sistema de fiscalidad equivalente a comienzos de 2026.
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido de que su país no aceptaría someterse al acuerdo inicial de 2021 sobre el impuesto mínimo negociado en el marco de la OCDE por considerar que era discriminatorio para sus empresas.
Trump amenazó incluso con retirarse del proceso y con aplicar un “impuesto de revancha” a los ingresos de capital de individuos o empresas extranjeros de países que a su juicio penalizaran con su fiscalidad a las firmas estadounidenses.
Ante el choque posible, a finales de junio de 2025 los países del G7 alcanzaron un compromiso (criticado entonces por España) para permitir a Estados Unidos su régimen sobre los beneficios obtenidos por sus multinacionales en el extranjero, aunque no se correspondiera con la lógica del “Pilar 2”.
Sobre esa base, Corwin subrayó que el acuerdo anunciado la semana pasada tuvo en cuenta en particular el contexto que se había tramado desde 2021, y en particular el hecho de que había más de 65 jurisdicciones de todo el mundo que ya habían legislado para la puesta en marcha de ese impuesto mínimo mundial.
El texto final supone para la responsable de fiscalidad de la OCDE “un equilibrio justo” entre los diferentes intereses, sobre todo ante un escenario en el que “se estaban agudizando las tensiones”.
