El gobierno dominicano ha establecido un conjunto de prioridades estratégicas para este 2026 las cuales, a decir de las autoridades oficiales, están directamente vinculadas con las 10 metas presidenciales planteadas para el cuatrienio 2024-2028.
A su vez, estas prioridades se convertirán en una hora de ruta que combina políticas sociales, económicas y estructurales, alienadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población dominicana y avanzar en el desarrollo sostenible del país.
En concreto, las prioridades identificadas abarcan las áreas de: infraestructura y servicios básicos; educación y formación del capital humano; salud y bienestar social; generación de empleo formal; seguridad pública y efectiva administración del Estado; política presupuestaria responsable y sostenibilidad fiscal; agricultura y desarrollo rural, y enfoque de eficiencia, transparencia y resultados. Todo lo anterior estará apoyado en fundamentos macroeconómicos sólidos, lo que contribuirá a ofrecer un contexto relativamente favorable para implementar políticas, medidas y acciones concretas sin perder estabilidad macroeconómica.
Hasta ahí todo muy bonito muy bien ubicado. Pero, la interrogante: ¿dónde está el dinero para la implementación de estas prioridades? Con un déficit fiscal recurrente de 3.1% del PIB, una pesada carga de pago de intereses y capital vinculado a la deuda pública, un gasto tributario que no cede: ¿cuáles serán las fuentes de ingreso que se utilizarán para aumentar las recaudaciones, es decir, los ingresos del Estado? Obviamente, todos los caminos conducen a una reforma fiscal, y es ahí donde está la cuestión. ¿Ahora bien, qué tipo de reforma es necesaria y conveniente? ¿Cuándo debe presentarse? ¿Con qué enfoque y cuál debe ser la narrativa para venderla?
Lo primero es que cualquier reforma que se vaya a implementar debe tener un carácter integral, es decir, que incluya tanto el lado del ingreso-impuestos, como el lado del gasto (corriente y de capital). En ese contexto, la reducción del gasto tributario parece obligatoria, lo mismo que la disminución en el monto del subsidio al sector eléctrico.
La recomposición del gasto público debe ser, también, uno de los elementos fundamentales de cualquier reforma que se realice, empezando por el congelamiento, por un mínimo de 10 años, de la nómina pública. De la misma manera, cualquier propuesta de reforma fiscal que se quiera, debería presentarse antes de mayo de 2026, de modo que se los ajustes impositivos, y los relativos al gasto, sean incluidos en el presupuesto general del Estado para el 2027.
En términos de la narrativa a utilizarse para vender la reforma de marras, la misma debe ser clara, transparente, que se vea lo que se va a hacer, a quiénes va a afectar, en qué medida se reducirá el déficit fiscal, cuánto se va a generar, en qué tiempo, cómo esto va a afectar a los agentes económicos, y cuáles serían las medidas para mitigar la incidencia en sectores vulnerables.
En resumen, el país enfrenta un dilema clásico de política económica: reformar en un contexto complejo o esperar un mejor momento que podría no llegar. Para nosotros, la reforma fiscal debe plantearse en este 2026 y la misma debe ser técnicamente sólida, socialmente justa y políticamente consensuada, con un enfoque gradual que reconozca la coyuntura económica sin perder de vista los desafíos estructurales que aún persisten.
