El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció este viernes un acuerdo con Takata por el que el fabricante nipón de componentes del automóvil se declara culpable por el defecto en millones de airbags que ha causado la muerte al menos a 11 personas, y pagará unos 1,000 millones de dólares en multas y compensaciones.
La fiscal general del Distrito Oriental de Michigan, Barbara McQuade, anunció el acuerdo durante una rueda de prensa celebrada en Detroit.
Al mismo tiempo, las autoridades judiciales estadounidenses imputaron a tres antiguos empleados de Takata por su implicación en el escándalo.
Los imputados son Shinichi Tanaka, Hideo Nakajima y Tsuneo Chikaraishi.
Los tres antiguos ejecutivos de Takata están imputados por fraude electrónico y conspiración para cometer un delito, al hacer que la empresa utilizase infladores de airbag que sabían desde el año 2000 que eran defectuosos.
Según señalaron las autoridades estadounidenses, Takata supo que los infladores que utilizaban amonio de nitrato no cumplían los requisitos establecidos por la propia compañía y que habían sufrido fallos durante las pruebas realizadas.
A pesar de ello, “Takata provocó que sus clientes compraran esos sistemas de airbag al remitir informes fraudulentos y falsos y otra información que ocultaba la verdadera condición de los infladores”, explicaron las autoridades estadounidenses.
“Los empleados de Takata, incluidos varios de sus ejecutivos clave, discutieron de forma habitual la falsificación de los informes de pruebas que Takata proporcionaba a sus clientes en correos electrónicos y comunicaciones verbales”, añadieron.
El acuerdo con las autoridades estadounidenses especifica que Takata pagará 850 millones de dólares a los 19 fabricantes que han instalado sus airbag en automóviles y que se han visto forzados a reemplazarlos.
Además, Takata ha creado un fondo de compensación con 125 millones de dólares para pagar las víctimas de los airbag defectuosos.
El fabricante japonés pagará también a las autoridades una multa de 25 millones de dólares.
Se estima que 11 personas han muerto en Estados Unidos a consecuencia de la explosión de los infladores defectuosos de los airbag y más de 180 han resultado heridas.
Las autoridades señalaron que los fondos serán administrados por el abogado Kein Feinberg quien ya cumplió el mismo papel en el fondo creado por General Motors (GM) para compensar a las víctimas del defecto del sistema de encendido de sus vehículos.
McQuade declaró en un comunicado que “los proveedores automotrices que venden producto que se suponen protegen a los consumidores de heridas o muerte deben poner la seguridad por delante de los beneficios”.
“Si en vez de eso, eligen defraudar, individuos y empresas responsables tendrán que rendir cuentas”, añadió la fiscal del distrito oriental de Michigan.
“Durante más de una década, Takata falsificó de forma repetida y sistemática datos claves de pruebas relacionadas con la seguridad de sus productos, colocando beneficios y programas de producción por delante de la seguridad”, añadió el director de la oficina antifraude del Departamento de Justicia, Andrew Weissmann.
