Si la primera lección de la erosión del orden internacional es que el poder ha comenzado a sustituir a la norma, la segunda —más incómoda, pero igualmente necesaria— es que persistir en ficciones reconfortantes no protege a los países pequeños; los expone. La persistencia de estas ficciones ha sido funcional durante ciertos períodos, pero deja de serlo cuando el entorno cambia estructuralmente.
Durante años, muchas naciones como la República Dominicana operaron bajo una premisa implícita: que bastaba con adherirse formalmente al orden internacional basado en normas para beneficiarse de su protección. Que la previsibilidad del sistema, aun imperfecta, compensaba la asimetría de poder. Que el multilateralismo, en sí mismo, era un escudo. Esta premisa fue parcialmente válida mientras existió una convergencia mínima entre poder y reglas.
Esa premisa hoy es insuficiente.
No porque las normas hayan perdido valor, sino porque ya no operan automáticamente. El derecho internacional sigue existiendo, pero su capacidad de contener el uso discrecional del poder se ha debilitado. Las reglas persisten; la voluntad de cumplirlas, no siempre. Esto introduce una brecha creciente entre legalidad formal y efectividad práctica.
Para los países grandes, esta transformación abre un abanico de opciones estratégicas. Para los países pequeños, obliga a una pregunta más exigente: ¿cómo defender principios en un mundo donde la sola invocación de esos principios ya no disuade?
La respuesta no puede ser ni el cinismo ni la resignación. Ambas posturas reducen, por vías distintas, el margen de maniobra.
Renunciar al derecho internacional sería un error estratégico grave. Para países como el nuestro, las normas no son un lujo moral: son un multiplicador de voz, de previsibilidad y de estabilidad. Pero defenderlas hoy exige algo más que repetir su lenguaje. Exige honestidad estratégica. Esto implica reconocer no solo los límites de las normas, sino también sus asimetrías de diseño y aplicación.
Honestidad para reconocer que el orden internacional ya no funciona como se proclamaba. Honestidad para admitir que la integración económica puede generar vulnerabilidades, no solo beneficios. Honestidad para aceptar que el silencio, cuando es sistemático, no es prudencia: es una forma pasiva de alineamiento. La omisión reiterada también comunica preferencias y dependencias.
La política exterior de un país pequeño no puede basarse en gestos grandilocuentes, pero tampoco en la simulación de neutralidad cuando los principios que nos protegen se erosionan. La coherencia —aplicar los mismos estándares con aliados y no aliados— se convierte, paradójicamente, en una forma de realismo. Esta coherencia tiene costos de corto plazo, pero genera activos reputacionales en el mediano.
En este nuevo contexto, el desafío no es elegir entre normas o poder, sino articular normas con estrategia. La estrategia, a su vez, implica priorizar, secuenciar y aceptar trade-offs.
Eso implica varias cosas.
Primero, fortalecer el Estado. No como consigna ideológica, sino como capacidad real: diplomática, técnica, institucional. Un país pequeño con un Estado débil es doblemente vulnerable: carece de poder duro y tampoco puede aprovechar plenamente el poder de las reglas. Sin capacidad estatal, incluso las mejores normas se vuelven inoperantes.
Segundo, diversificar relaciones sin confundir diversificación con dispersión. Apostar por el multilateralismo sigue siendo esencial, pero debe complementarse con alianzas selectivas, flexibles y coherentes, basadas en intereses claros y expectativas realistas. En un mundo de instituciones debilitadas, las coaliciones funcionales se vuelven un instrumento clave. La diversificación reduce riesgos, pero también aumenta la complejidad de gestión.
Tercero, entender que la previsibilidad externa descansa cada vez más en la solidez interna. La estabilidad macroeconómica, la calidad institucional, la credibilidad regulatoria y la capacidad de gestión pública no son solo objetivos domésticos: son activos de política exterior. Reducir vulnerabilidades internas es, hoy, una condición para hablar con voz propia. La política exterior comienza cada vez más en decisiones internas.
Finalmente, asumir que la defensa del derecho internacional no consiste en esperar que otros lo restablezcan, sino en contribuir activamente a sostenerlo, incluso cuando hacerlo tenga costos. Los países pequeños no pueden imponer reglas, pero sí pueden influir en su legitimidad. Y la legitimidad sigue siendo una fuente de poder, incluso en un mundo más áspero. La legitimidad no sustituye al poder, pero condiciona su ejercicio.
El debilitamiento del orden internacional no nos condena a la irrelevancia. Pero sí nos obliga a abandonar la comodidad de las fórmulas heredadas. La nostalgia por un sistema que ya no existe no es una estrategia. Tampoco lo es el repliegue silencioso.
Para la República Dominicana, el camino razonable es más exigente: combinar principios con lucidez, normas con capacidad, diplomacia con Estado. No porque garantice un mundo justo, sino porque reduce la probabilidad de uno arbitrario.
En tiempos donde el poder vuelve a hablar más alto, la tarea de los países pequeños no es fingir que nada ha cambiado, sino nombrar la realidad y actuar en consecuencia. Esa es hoy la forma más responsable —y más realista— de defender las reglas que aún nos protegen.
