[dropcap]E[/dropcap]l sacudión internacional que provocó el caso de corrupción Odebrecht —que en Brasil terminó con la destitución de Dilma Rousseff al sumarse al escándalo Petrobras y la ‘Operación Lava Jato’— y que desencadenó en acciones judiciales en países como Perú, Estados Unidos, Suiza y Panamá se siente con fuerza desde la semana pasada en el Palacio Nacional.
El presidente Danilo Medina decidió designar una comisión para investigar la licitación y adjudicación de las plantas de carbón de Punta Catalina, el emblemático proyecto concertado por su gestión con un financiamiento de US$1,945 millones, un monto de RD$87,525 millones a una tasa de 45 pesos por dólar.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, difundieron el Decreto 6-17, que crea la comisión encabezada por el sacerdote católico Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social que opera desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
De inmediato surgieron cuestionamientos en la opinión pública, debido al hecho de que el religioso formaba parte del Consejo de Administración de Acero Estrella, compañía socia de Odebrecht en el proyecto Punta Catalina. Las críticas llevaron a Núñez Collado a renunciar al consejo de Acero Estrella, que preside el ingeniero Manuel Estrella, uno de los propietarios de CDN, Multimedios del Caribe y varias empresas importantes del Cibao.
“Como Ingeniería Estrella es contraparte local del consorcio que construye esa obra, considero pertinente presentar mi renuncia a la membresía del Consejo de Administración Estrella”, indica la renuncia de Núñez Collado difundida el viernes por El Caribe.
Antes de anunciarse el Decreto 6-17, la Procuraduría General abrió una investigación que se centra en el presunto pago de sobornos hecho por Odebrecht para lograr la adjudicación de obras en República Dominicana y que se enfoca, en esta etapa, en Ángel Rondón Rijo, encargado de gestionar con los legisladores y los estamentos del Estado la aprobación de los financiamientos para los proyectos (carreteras, plantas, presas y acueductos) de la multinacional brasileña.
“A raíz de la admisión de culpabilidad realizada ante autoridades de Estados Unidos por la empresa Odebrecht, sobre el otorgamiento de US$92 millones en sobornos para obtener contratos de obras del Estado en nuestro país, el Ministerio Público abrió formalmente una investigación que se encuentra en desarrollo”, declaró el procurador general Jean Alain Rodríguez a elDinero.
Después de interrogar al gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, el Procurador informó que el ejecutivo identificó a Rondón Rijo como: “la persona que recibió los US$92 millones, que la empresa carioca reveló haber pagado como sobornos, para ganar y obtener contratos de obras del Estado en República Dominicana”.
El investigado
No se trata de la primera vez que se cuestiona a Rondón Rijo —copresidente, al igual que Diego García Arias, de la empresa AAA Dominicana que cobra el agua de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) y un próspero empresario de la industria láctea— por sus labores de lobbismo, una actividad no regulada por la legislación dominicana.
Rondón Rijo tiene, a título personal 4,899 de las 49,000 acciones de AAA Dominicana, según el acta de la asamblea de la compañía celebrada el 9 de marzo de 2016, que reposa en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. También preside a Climate Estate, que tiene 7,350 acciones, y Roymar, con 4,900, para un total de 17,149. Las restantes 31,851 son representadas por García Arias, a través de Inassa.
Rondón Rijo quedó asentado en la prensa y en la literatura dominicana, como el hombre del maletín que merodea el Congreso Nacional. El libro “Todas las posibilidades”, del periodista Freddy Aguasvivas, cita su supuesta intervención en una modificación a la Ley Monetaria y Financiera auspiciada –según el texto– por ejecutivos del quebrado Banco Intercontinental (Baninter).
La modificación estaría orientada a viabilizar la fallida compra, por parte del Baninter, de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP). “Ángel Rondón tenía la habilidad de convencer a los senadores y diputados de la necesidad de emitir las leyes que beneficiaban a ciertos sectores empresariales, y de los beneficios de sus modificaciones”, escribe Aguasvivas. “Armado solo con un maletín en las manos, no había caso que se pusiera a su cuidado que no fuera resuelto. Era caro, pero eficaz”, dice.
La sentencia número 350-2007, dictada el 21 de octubre de 2007 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, establece que el 18 de diciembre de 2003, Rondón Rijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel A. Pimentel Kareh se comprometieron a rembolsar al Banco Central y al Baninter, RD$75,414,686 y US$213,684, “valores que recibieran en ocasión de esta negociación”.
Rondón Rijo también salió a relucir en el fraude de más de 1,800 millones de pesos del Plan Renove. El israelí-estadounidense Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) se comprometió a pagarle, mediante un acuerdo notarial del 21 de mayo de 2001, la suma de US$995,000 para que convenciera a los congresistas de la aprobación del contrato de venta de vehículos por US$40.8 millones que había suscrito con la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004).
“No he usado maletín nunca”, afirmó Rondón Rijo en declaraciones al programa radial Cuentas Claras cuando se le preguntó si pagaba sobornos a congresistas para motivar la aprobación de proyectos de financiamientos.
Atribuyó la asociación de su nombre con el “hombre del maletín” a “el morbo, la envidia, los enemigos gratuitos, los amigos enemigos, inventan de todo”.
Aseguró que Odebrecht lo contrató como representante comercial y que recibía un pago por cada concesión que gestionaba para la firma brasileña. “En cada proyecto tenía unos honorarios de ellos”. “Que esos recursos que yo he ganado lícitamente hayan sido utilizados para comprar voluntades, nada más falso que eso”, añadió.
Luego de interrogar al empresario, el procurador Rodríguez le otorgó un plazo de tres días para entregar al Ministerio Público, “todas las documentaciones sobre sus relaciones con la empresa, incluyendo los contratos, pagos, depósitos bancarios y el destino final de los recursos recibidos”. Queda por ver qué pasa esta semana.
Marcha contra la impunidad
Los grupos de presión, encabezados por Poder Ciudadano, convocan con insistencia, a través de las redes sociales y diversos medios, a una marcha, programada para el próximo domingo 22, la cual partirá desde la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, con destino al Palacio Presidencial.
Sus directivos, entre los que figuran Carlos Pimentel, Bartolomé Pujals y Jonathan Liriano, exigen a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), que “rescinda todos los contratos con Odebrecht y proceda con la inhabilitación de esa empresa como contratista”.
Alegan que las obras concesionadas a la empresa sufrieron sobrevaluaciones y recuerdan que representantes del Consejo de Odebrecht confiesan ante la Corte de Justicia del Condado de Nueva York, en Estados Unidos, un fraude global en 12 países que incluyen a República Dominicana. Destacan que, según las confesiones, la firma pagó en sobornos US$788 millones para lograr la adjudicación de obras que, además, sobrevaluó.
“Según la confesión, República Dominicana es el tercero de los 12 países donde Odebrecht pagó más dinero, 92 millones de dólares a funcionarios para obtener contratos para construir diversas obras de infraestructuras, entre 2001 y 2014”.
Las obras resultaban más caras de lo planificado
La firma brasileña Odebrecht, que tiene presencia en República Dominicana desde 2001, logró contratos de obras valoradas en al menos US$4,784.2 millones. Los montos de las obras son difíciles de estimar porque los propios funcionarios siempre dieron cifras distintas.
En este sentido, basta citar el Corredor Duarte I, concertado al principio en US$163 millones.
El entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, declaró a El Caribe, el 24 de agosto de 2011, que “el Corredor Duarte solo representa la inversión de 220 millones de dólares, que se eleva a 270 millones de dólares si se incluye el costo del túnel de la avenida Ortega y Gasset que lleva a la UASD”.
El 9 de febrero de ese mismo año había declarado a El Día que: “a finales de marzo inaugurará varias de las obras que integran el corredor Duarte, cuyo presupuesto total era de US$160 millones para seis elevados, y ahora se incluyen dos más y el túnel, por lo que el monto ascendió a US$300 millones”.
El procurador general Jean Alain Rodríguez asegura que la investigación busca “recabar información veraz, que permita identificar debidamente a quienes estén involucrados y determinar el nivel de responsabilidad penal de cada quien, para así poder someterlo a la Justicia con la debida sustentación probatoria”.
“Investigaré sin límites y llamaré a quien tenga que llamar para que den informaciones sin importar partido, Gobierno o rango, incluyendo ministros, exministros o directores. No tengo compromisos con nadie, mi única bandera es la justicia”, apunta Rodríguez, quien pidió a todas las dependencias del Estado los contratos concertados con la firma Odebrecht.
